El viernes pasado el Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, fue recibido en la ciudad de San José por su colega José Luis Falero en la sede de la Intendencia maragata, ambos recorrieron juntos las calles del centro hasta el  Instituto Cultural Español, donde los esperaban representantes de la prensa local . De los Santos  fue luego el orador en la charla organizada por el Instituto 2005, sobre “La promoción del desarrollo desde lo local. Experiencias concretas de apoyo a las micro y pequeñas empresas desde un Gobierno Departamental”.

Escuche aqui el audio:

El “Flaco” de l os Santos ubicó el tema del desenvolvimiento de las mpymes en el marco de la definición de proyectos estratégicos a nivel regional, con los Planes de ordenamiento territorial de las Intendencias  “cuando hablo de visión estratégica no digo que alguien la tenga, digo que hay que construirla, hay caminos para construir esa estrategia común”, remarcó.

“Necesitamos ir a procesos mucho más profundos, más allá de los avances logrados en muchos lugares, donde las Intendencias con el nuevo  Plan de ordenamiento  territorial, buceemos con esa herramienta en la definición de las directrices generales de cuáles son las potencialidades de nuestros territorios. No cabe duda que en Punta del Este es inviable producir vacas, y sería inviable construir una playa artificial en San José. Cuando digo esto, estoy hablando de que la complementariedad del proyecto productivo, vinculado a lo turístico, tiene una diversidad, y que el agregado de valor a través de la manufactura industrial significa ubicarlo estratégicamente en el territorio”, explicó.

“Vengo ahora de una reunión con las Intendencias de Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha, más el Mvotma, para trabajar en los ejes directrices de la región. Y créanme que las directrices de la región este cambian sustantivamente si mañana existe puerto de aguas profundas y la minería (sea la minera Aratiri u otras en la zona). Y la pregunta que nos debemos hacer es:  si es posible viabilizar la pequeña y mediana empresa, si no existen esos (u otros) proyectos estratégicos?”

Maldonado: Unidad de Desarrollo Productivo y Fondo de Desarrollo:   462 proyectos vinculados al agro y 137 a diversos sectores, en cuatro años

“Ese Plan Estratégico en Maldonado lo empezamos a construir en 2005,   con un Plan de ordenamiento territorial que nos definió, en 8 municipios que hoy existen, que en aquel momento eran Juntas Locales, con la excepción de Maldonado y Punta del Este que entonces no existían, con los actores sociales y con la Universidad y el Gobierno Departamental, nos permitió ubicar y definir los perfiles y características de esos 8 territorios que integraban el departamento. Y en paralelo trabajamos junto con los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha, junto con Maldonado, en una estrategia de integración regional.

Una de las primeras medidas que tomamos en el período pasado en el Presupuesto fue crear la Unidad de Desarrollo Productivo, y adjudicar recursos para el Fondo de Desarrollo Productivo, lo que nos permitió financiar las  dificultades  para la accesibilidad  a líneas de crédito formal en el sistema financiero, y aliviar las trabas de las pequeñas empresas para acceder al sistema financiero”.

Este Fondo de Desarrollo Productivo es variado, pero si lo quisiéramos ordenar, por ejemplo, en los capítulos vinculados al campo, mejorando la calidad de las aguas, construyendo aguadas, con recursos propios y algunos con mejoras de aguas de calidad, como con el MVOTMA y el Ministerio de Ganadería en el período pasado, entre el 2007 y el 2011, hemos financiado 462 proyectos que han sido asistidos por la Intendencia. Estoy hablando en el medio rural, y estoy hablando por un importe donde el 40% ha sido subsidiando al sector que más necesitaba, al más pequeño productor, y el 60% eran sectores que debían devolver el 100% del recurso prestado, sin subsidio alguno. Entonces, la política con este Fondo de Desarrollo Productivo fue una de las herramientas con un principio de justicia, pero también de responsabilidad social y generando pautas de obligación con el Estado. Hubo programas particulares vinculados a las pasturas, 209 programas; allí no hubo subsidio, había que devolver el 100%.

Pero lo que permitió es pensar, en cosas que vamos a hablar más adelante, de institucionalizar, o crear una nueva  institucionalidad que nos permitiera dar respuestas, que llevó posteriormente a crear un Fondo de Garantía y a acordar con la OPP una línea de microfinanzas.

Hay otros proyectos que están vinculados a carpinteros, a herreros; proyectos culturales que también son financiados, a artesanos, a familias que producen ropa; allí hubo 137 proyectos financiados por este Fondo durante este período de tiempo.

… El segundo capítulo, después de definida la primera etapa del Fondo de Desarrollo Productivo, fue ir institucionalizando nuevas herramientas que nos permitieran formalizar;  fue parte de esa estrategia, y en este período incorporamos una herramienta más, que es la creación de una incubadora de empresas, con financiación de la Unión Europea, en el marco del Proyecto Uruguay Integra. Habíamos trabajado para el proyecto de integración desde Maldonado, con Rocha, Treinta y Tres y ahora se incorpora Lavalleja, en un proceso de desarrollo en diez ciudades y pueblos de los más pequeños de estos departamentos.

Este proceso – que nos cuesta mucho, del punto de vista del desarrollo local, incorporar tantas siglas que existen en el universo del Estado y de la cooperación internacional, y que ahora el Estado, a través de la OPP, está tratando de centralizar en una Agencia de cooperación internacional, que simplifique el acceso y que permita una distribución más justa de ese monto de cooperación internacional en el conjunto del territorio nacional. Porque a veces, la capacidad de las Intendencias, en términos de   aparato ejecutivo, de gestión, de capacidades profesionales, hacía que aquellas que estuvieran en mejores condiciones, accedían a esos créditos porque tenían la posibilidad de elaborar proyectos, a veces con créditos no retornables. Y las que tenían menor capacidad y menos capacidad de gestión,  quedaban más demoradas o ni siquiera conocían lo que significaba la sigla.

Esto habla de un proceso democratizador de estas herramientas. No lo dije al principio, pero es válido: no hay forma de asegurar el desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, si no fortalecemos el desarrollo local y la institucionalidad departamental y local.  Lamentablemente no son todas las Intendencias las que han podido generar aparatos en términos de institucionalidad funcional, con capacidad instalada que quede. Que supere a los Intendentes de turno, y que genere capacidad, al gobierno que venga y a la sociedad civil, de darle continuidad a una serie de proyectos.

Nosotros en este sentido, con la incubadora de empresas, generamos institucionalidad; fue fruto de un producto que habíamos creado dentro de la Intendencia, que es la Unidad de Proyectos.

Porque es muy común que los Intendentes, y ahora los concejales y los alcaldes,  reciban propuestas y proyectos a desarrollar, y que muchas veces no tengamos la capacidad de analizar la viabilidad de los mismos.  Ni en el marco de qué estrategia se puedan desarrollar. Si puedo tener acuerdo con la Cámara Empresarial hacia donde va la inversión y el destino de oportunidades, puedo tener una serie de herramientas. Pero armar un Proyecto es otra cosa… La gente dice: traigo un proyecto, y trae una carpeta con cinco hojas, porque tiene una idea en la cabeza.

Creo que en esto también hay que empezar a despejar la niebla, porque entre una idea, a la concreción del proyecto, hay un trecho muy largo. Y es necesario profesionalizar la capacidad de elaboración del proyecto, fortalecer la institucionalidad de la Intendencia, más allá de los partidos o de los Intendentes que estemos de turno, y generar capacidad de gerenciamiento de proyectos, es alimentar las posibilidades de desarrollo del emprendedurismo y la pequeña y mediana empresa.

Este proyecto de incubadora de empresas va a estar gerenciado por una Comisión ejecutiva que integrará la Intendencia, la Cámara empresarial  Maldonado-Punta del Este, la Mesa Intersindical PIT CNT, e integrará también la Universidad de la República. La idea de esta incubadora de empresas es generar un nivel de preparación, de organización  y de gerenciamiento del sector empresarial mucho más científico que el que hasta ahora hemos avanzado.

Esta incubadora de empresas tiene enormes perspectivas de retroalimentarse, de generar la capacidad no sólo para Maldonado, sino de ser utilizada en la región. No porque esté en Maldonado, sino por esa experiencia concreta –por eso vuelvo al principio, debemos repetir el intercambio de experiencias-  y nos va a permitir tener empresas mucho más preparadas, no sólo para los momentos de auge y crecimiento, sino para los procesos de retracción o de crisis, si algún coletazo nos llega –como estimamos nos puede llegar.

Este proceso de incubadora de empresas  se instala en un viejo edificio recuperado por un grupo local de inversores en la ciudad de San Carlos, que incorpora una línea de supermercados y  que transforma una vieja estación de servicios en un lugar comercial, un centro dinámico que cambia el eje de la ciudad de San Carlos. Hablo de inversores locales porque fueron siete u ocho personas de capital mediano en San Carlos, que se pusieron de acuerdo, lo compraron, lo alquilaron, y allí mismo se instala la incubadora de empresas, en una sinergia entre el sector público y privado.

Hay que incorporar en este debate a empresarios, trabajadores, y a la UDELAR

Quiero destacar nuevamente un aspecto que creo que a la región este –y acá quizás por la cercanía de Canelones y San José con Montevideo-  hay que incorporar en este debate, lo que mencionaba anteriormente, que son las patas sociales, los empresarios y trabajadores, pero particularmente la Universidad de la República. Si el Uruguay y los gobiernos departamentales y locales, no incorporamos a la academia y el conocimiento a la toma de decisiones, los márgenes de error serán mayores, pero estaremos cometiendo un crimen de lesa humanidad del punto de vista institucional. Porque es recuperar a la Universidad para un rol interactivo con los actores privados, lo que se llama la extensión universitaria, como una herramienta que le permita moverse con la gente, con los actores sociales, entre otros con los emprendedores.

Porque hay conocimientos que hay que sistematizar, porque el hombre, como decía un amigo que ya no tengo, no puede volver a querer empezar a hacer fuego con dos piedras, porque ya evolucionó, y esto sucede porque el mundo y la sociedad han ido acumulando conocimientos.

Pero esto sólo es posible si en el marco del debate democrático hay la posibilidad de construir amplios consensos,  sociales y políticos.

Y yo creo que estamos en una extraordinaria oportunidad, pero a su vez imperiosa necesidad, porque … hay algunos que han visto pasar el tren más de una vez; yo lo vi pasar sólo una vez. Y espero no sea la última. Yo creo que hoy está pasando un gran tren por esta América Latina, cargado de oportunidades.

Poner un Estado más eficiente al servicio de oportunidades que se generan, poner nuevas herramientas   y poner los acuerdos políticos, es lo que nos permitirá que se potencie el escenario…

Bueno, si logramos acuerdos como yo creo que es histórico el acuerdo de las patentes, el subsidio al alumbrado público y otras herramientas que el Estado nacional está promoviendo, y que está logrando consenso porque se potencian las estructuras intermedias, como el Congreso de Intendentes y otras, si logramos , aún con las dificultades, aún con aquellos aspectos que tienen que ver esencialmente con concepciones filosóficas distintas, pero que pueden significar tener cuatro o cinco ejes de acuerdo.  Repito, como es hoy la minería que está llegando a acuerdos el sistema político. Creo que si esto se desarrolla a nivel de los gobiernos departamentales y del tercer nivel de gobierno, habrá posibilidad de que se siga desarrollando la pequeña y mediana empresa”.

-          El viernes 2 el Int. De los Santos participó en una charla abierta sobre oportunidades para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, organizada por el Instituto 2005 en la ciudad de San José. Consultado sobre el tema del puente en Laguna de Garzón, en relación con el turismo y medio ambiente, respondía así:

Oscar de los Santos-. Creo que es más que válida la pregunta, porque es cierto que uno no puede sembrar en el mar y no puede procesar en campo ajeno, porque esa cuestión de que todo el mundo es profeta fuera de su tierra, a mí no me convence mucho…

Cuando promovemos la acción de la sociedad civil organizada para comprometerse en la toma de decisiones, no sólo con la demanda, eso significa la necesidad de construir consensos. Creo que a su vez, como los sectores “sin voz” son más que los sectores organizados, el riesgo es que primen algunas concepciones de corporaciones o de lobbys, que tengan mucho más fuerza de presión que lo que piensa la mayoría de la sociedad.

Permítanme hacer un paréntesis, porque también creo que los sectores sociales más avanzados son los que se organizan, aquellos sectores que han hecho más experiencia, y también lo quiero reivindicar. Si no, podría entrar en una profunda contradicción del punto de vista ético conmigo mismo.

Ese proceso de lograr sectores avanzados que se organizan, como son los sectores ambientalistas – que debemos reivindicar en términos de ser un fiel de la balanza para asegurar la sustentabilidad de un proyecto- pero no pueden, ni el Estado ni ese sector, definir solos los destinos del país. ¿Por qué menciono esto? Porque el debate sobre la minería va a encontrar el consenso de los partidos políticos, en días, hay ya un documento base casi acordado de cuáles deberían ser las condiciones que se deberían reunir para la explotación de la minería, y cómo significaría una transformación radical de las características del país y las oportunidades que generaría.

Este proceso  también es un debate que debemos dar, sobre fortalezas y debilidades, sobre oportunidades y aspectos negativos. Cuando lo traslado a la experiencia concreta del puente de Garzón entre Rocha y Maldonado, el Intendente de Rocha y el Intendente de Maldonado firmaron un acuerdo para la construcción del puente, en el período pasado, con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente. Se hizo un estudio de la viabilidad del puente, sobre la base de la voluntad política, porque la toma de decisiones es política y las tomamos aquellos que fuimos electos para tomar decisiones, aunque después se libere el conjunto de los mecanismos democráticos de consulta, de estudio de impacto ambiental.

Y la mayoría de la sociedad, de Rocha y de Maldonado, en encuestas de opinión pública, están a favor de la interconectividad y del puente. Hay un sector que en la audiencia pública última en la que estuve, fui más o menos insultado por el 90% de los participantes- la audiencia significó exponer por parte del gobierno departamental y nacional los objetivos de la interconexión con Rocha. Allí el rechazo era ampliamente mayoritario, puesto de manifiesto de forma muy efusiva y con una presencia muy importante de gente.

Si yo tomo esa audiencia pública como la expresión de la sociedad de Maldonado y de Rocha, estoy diciendo: no puede haber puente. La mayoría de la sociedad en las encuestas me dice que tiene que haber puente, y hay la voluntad política, que ha recorrido los caminos. Habrá que ver si el puente es viable, y en qué condiciones.

Aquí quiero hacer un segundo paréntesis. En los aspectos vinculados a    los desafíos  que tiene el país, voy a tomar el ejemplo del puente Garzón, para no referirme a la minería que desconozco, y a la discusión que significará un puerto de aguas profundas, y voy a decir: en la costa atlántica, no hablo de La Paloma, en la costa atlántica. Si el sayo cae en Maldonado, se imaginan el lío que va a haber… Pero si el Uruguay lo precisa, lo tendrá que debatir.

El desarrollo del turismo en el departamento de Maldonado significa en el orden del 50% de los ingresos por turismo al país. Tiene potencialmente, en 15 años, un potencial de desarrollo inmobiliario  … (perdonen, voy a ser exacto en las cifras): en el orden de los 5 millones de metros cuadrados en una zona que estamos habilitando, que se llama la zona de influencia del Centro de Convenciones, el eje de Aparicio Saravia, una zona que estamos analizando con la Universidad, con los técnicos, con el Ministerio, como un plan local dentro de las directrices generales del departamento. Y tendríamos posibilidad de 15 ó 20 años más, a este ritmo, si lo mantuviéramos, cosa que no se va a dar.

Pero al Uruguay, después de estos 15 ó 20 años, la costa atlántica que le queda es Rocha. La pregunta es ¿alguien se imagina el desarrollo del turismo, para crecer a los niveles que estamos creciendo, con el departamento de Rocha,  sin estar interconectado con Maldonado, ir a sus playas en buena parte, donde la gente ocupa y se asienta? Muchas veces son los mismos sectores que reclaman por el medio ambiente, porque quieren vivir entre las totoras. Pero cuando yo voy a la playa, fluye el drenaje de los pozos negros;  con la contaminación y el olor hacia la playa: allí no hay posibilidad de desarrollo. Si no se incorpora infraestructura como el saneamiento, como asegurar energía eléctrica y agua potable, no hay posibilidad de desarrollo.

Ahora, me dicen que por el desarrollo, le tienen miedo a los edificios?: bueno, elaboren ordenanzas, y el gobierno departamental de Rocha tiene ordenanzas muy restrictivas con respecto al impacto ambiental. Yo creo que hay que desenvolver desarrollo inmobiliario e infraestructura también en edificios, en partes de Rocha, como en Punta del Este, porque no toda Punta del Este tiene edificios, ni todo Piriápolis… Y allí coincidimos con el gobierno departamental y con los técnicos, en términos estratégicos de la región.

El tema es que la discusión hay que hacerla,  que debería ser mucho más racional que pasional, y mucho más transparente por parte del sector ambiental –que lo reivindico en todos los términos, vuelvo a decir, porque para mí es parte, un aliado del proyecto sostenido, del punto de vista ambiental y social. Porque también en el mundo se han hecho barbaries con el medio ambiente, y más en esta época, como planteaba mi querido amigo.

Pero lo que es cierto es que a veces allí se mezclan intereses que son particulares, y que hay gente que efectivamente lo dice abiertamente, que el desarrollo de Rocha puede impedir la continuidad del desarrollo de una zona de Maldonado, que es la zona de José Ignacio. Algunos quieren proteger a José Ignacio y su zona de influencia sin que se toque, y hay otros que tienen miedo de que la inversión siga de largo hacia Rocha, como que fuera un problema.

El Uruguay no tiene más alternativa que abrir el frente costero atlántico que tiene, que es hacia el departamento de Rocha.  Hacerlo de forma ordenada y con infraestructura, asegura un desarrollo sostenido del punto de vista ambiental, y permite minimizar el impacto del cambio climático que hoy sucede. Si no hay recursos, no hay posibilidad de proteger la faja costera; si no hay recursos, no hay posibilidad de invertir en infraestructura, y contaminamos el propio océano, el sistema dunar y la propia faja costera. Aparte, cuando se habla de desarrollo y el país productivo, cuando se habla del temor de contaminar visualmente la costa,  hay que reflexionar…   cuando hay cosas hermosas… Voy a hacer un cuarto paréntesis, porque me voy acordando de cosas…  Punta del Este no existiría sin Lussich, y Maldonado no existiría sin Piria y sin Lussich. Y el principal aporte de estas forestaciones  fue que cambiaron las características urbanas de la faja costera. Porque si no, las dunas estarían adentro de la Intendencia de Maldonado, si no fuera por la fijación lograda a través de la forestación masiva, del sistema de dunas de toda la franja costera del departamento.  Pasa lo mismo en Rocha; en Canelones con otras características.

Ese cambio de la intervención del hombre le dio un valor agregado al paisaje; modificó el paisaje, y lo hizo atractivo para otros sectores, que adentro de la arena no podían vivir. No me refiero a los ambientalistas despectivamente; cuando hablo de seriedad en las discusiones, no sé, si hay sectores que plantean que el desarrollo significa vivir entre la arena o en las dunas, o quieren vivir en ese paisaje que ya modificó el hombre, y entonces por qué se niegan a que el hombre siga haciendo modificaciones al paisaje?

Es la única posibilidad de defender nuestra faja costera, de defender el medio ambiente y el ecosistema de Rocha. Existe el temor que el cruce del puente entre Rocha y Maldonado dañe zonas de áreas protegidas, que ya están definidas –y al contrario, debemos ser más que específicos protectores de esas áreas protegidas, porque son ecosistemas y reservas ecológicas muy importantes para el país, no solo para Rocha y para las que tiene Maldonado, o como Uds también tienen aquí-  y esto debe ser parte de la articulación de todo el territorio.

De otro modo, corremos el riesgo que primen, en un discurso fácil, cuestiones muy primitivas: de defensa de los ambientalistas, de defensa del propio Estado, que también puede caer en discursos facilistas, y no tengamos una dimensión acordada de hacia dónde va el país. Si acordamos hacia dónde va el país, estos aspectos se resuelven bien.

Porque miren la paradoja, en la misma anécdota del puente Garzón. Vino un compañero… y me dice: estuve con un tipo que dice que si no se puede construir el puente sobre la Laguna de Garzón, las empresas en Europa que hacen túneles que atraviesan montañas, y que atraviesan el mar por abajo, están ociosas y  plantean que lo pueden hacer por debajo de la Laguna. Parecía una película, de chiste, no?    Por eso decimos: evito la discusión sobre el puente, porque puede haber una forma arquitectónica que no genere impacto visual, porque eso afecta a los que viven allí, o a los que pueden ir allí, pero que no pasan ni lo van a conocer nunca. Si lo pudiera hacer por abajo,   estoy seguro que la discusión sigue instalada igual.

Entonces, discutamos los temas  de fondo, porque yo estoy seguro que existen causas de fondo, y respeto mucho eso. Esas causas son: protejamos los ecosistemas que están definidos como áreas protegidas; generemos mecanismos para contener la mancha urbana en los límites que  el ordenamiento territorial establece en Rocha, de acuerdo a los mecanismos legales que establece la Ley, y permitamos que el resto del territorio se desarrolle para generar oportunidades.

Este es un tema que me entusiasma, hoy hablábamos con el Intendente Falero de San José que el tema del ordenamiento territorial  a todos los intendentes nos ha llenado en algo el alma, verdad? … porque si no, la gestión de pozos, etc, no alcanza, no nos regocija el alma…

Pero hay gente que cree que tiene derecho a instalarse en un lugar, genera una maravillosa calidad de vida, pero no pregunta de dónde sale la energía que consume con su luz; y no tiene claro si kilómetros más arriba o más o menos leguas, hubo que instalar una empresa y tapar miles de hás para generar energía eléctrica. No le preocupa, mientras no le toquen su territorio, consume esa energía. No le preocupa el impacto de retirar agua y transformar el agua dulce en agua potable, siempre y cuando él abra la canilla y tenga agua potable. Y no le importa a qué lugar del territorio va el contenido de sus cámaras sépticas, mientras se lo saquen de su territorio porque le da malos olores; tampoco le importa de dónde y en qué condiciones va la gente a trabajar, mientras le limpien la mugre y le pinten sus casas.

No hay forma de manejar el territorio en pedacitos, de los que trabajan en una condición, de los que viven en otra, el territorio de donde sacamos la energía, volcamos elementos o sacamos el agua. El concepto del manejo transversal e integral de un territorio es un tema muy complejo, y significa un gran pacto social, con gran soporte científico, pero también tomando decisiones políticas. Yo voy a trabajar decididamente por la integración de Rocha porque el país lo precisa, más allá de que los turistas sigan de largo para Rocha para algunos, o le enturbie la vista a alguno al que no le molesta vivir en un territorio a expensas de otros.

• Desde dónde posicionamos.
• Colocación de nuestros productos y/o servicios.

Expone: Roberto Costa.

¿Vale la pena formalizarse?
(Microempresas – Cuentapropistas – Unipersonales – Trabajadores independientes y zafrales)

• ¿Cómo lograr la formalización para que sea un beneficio y no una carga?
• ¿Cómo ganar derechos para la Salud y la Jubilación al más bajo precio?

Expone: Ramón Ruiz

¿Qué apoyos tienen las Micro y Pequeñas Empresas?

• En la Capacitación
• En el Crédito
• Para la Innovación

Expone: Silvia Camacho

Escuche aqui el audio completo:

Intervención del Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos:

Experiencias concretas de apoyo a las micro y pequeñas empresas desde un Gobierno Departamental, 2/12/11

Estamos construyendo una visión complementaria entre los departamentos, sus   territorios  y sus comunidades.

Necesitamos ir a procesos mucho más profundos, más allá de los avances logrados en algunos lugares, donde las Intendencias con el nuevo Plan de ordenamiento  territorial, buceemos con esa herramienta en la definición de las directrices generales de cuáles son las potencialidades de nuestros territorios. No cabe duda que en Punta del Este es inviable producir vacas, y sería inviable construir una playa artificial en San José. Cuando digo esto, estoy hablando de que la complementariedad del proyecto productivo, vinculado a lo turístico, tiene una diversidad, y que el agregado de valor a través de la manufactura industrial significa ubicarlo estratégicamente en el territorio, con nuevos ejes a definir  -yo vengo ahora de una reunión con estos tres departamentos que mencionaba, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres,  más Cerro Largo que no pudo llegar, más el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, trabajando en las directrices de la región.

Y créanme que las directrices de la región este  cambian sustantivamente si existe puerto de aguas profundas y la minería,  si se instala la minera Aratiri u otra en esa zona, cambia sustantivamente  lo que hoy está planteado. Y la pregunta que nos debemos hacer es: si no existen esos proyectos estratégicos, si es posible viabilizar la pequeña y mediana empresa?.

Lo dejo planteado como una pregunta porque, por lo general, tendemos a poner muy por delante lo puntual, y nos falta  la dimensión estratégica. Y cuando hablo de visión estratégica no digo que alguien la tenga, digo que hay que construirla, que hay procedimientos, que hay caminos para construir esa estrategia común.

Ese Plan Estratégico en Maldonado lo empezamos a construir en 2005,   con un Plan de ordenamiento territorial que nos definió, en 8 municipios que hoy existen, que en aquel momento eran Juntas Locales, con la excepción de Maldonado y Punta del Este que entonces no existían, con los actores sociales y con la Universidad y el Gobierno Departamental, nos permitió ubicar y definir los perfiles y características de esos 8 territorios que integraban el departamento. Y en paralelo trabajamos junto con los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha, junto con Maldonado, en una estrategia de integración regional.

Una de las primeras medidas que tomamos en el período pasado en el Presupuesto fue crear la Unidad de Desarrollo Productivo, y adjudicar recursos para el Fondo de Desarrollo Productivo, lo que nos permitió financiar las  dificultades  para la accesibilidad  a líneas de crédito de forma formal en el sistema financiero, y la falta de fondos para las pequeñas empresas acceder al sistema financiero. Con algunos aspectos, como que las Intendencias no pueden prestar dinero, y nos vemos observados por el Tribunal de Cuentas. Pero sí podemos prestar en insumos, que les permitían a artesanos, a gente del campo, de la ciudad, industriales, la posibilidad de cubrir las necesidades y devolverlo, no en especie sino también en efectivo.

Aquí lo que quiero precisar es que también la transformación democrática del Estado, que se hace indispensable, es parte de un proceso donde hoy los órganos de contralor del Estado tienen que cumplir con las leyes existentes, y esa transformación democrática del Estado necesita nueva legislación.  Y hay que debatirla.

Esto nos permitió algunas cosas interesantes. Primero, poner en valor a gente innovadora, a gente que tenía capacidad de iniciativa, pero también nos permitió identificar que no alcanza con tener buena voluntad y oficio, o artes: que hay que tener especialización. Y que la gestión de una empresa no es solamente pintar; el gerenciamiento de una empresa es una cosa mucho más compleja que el arte de pintar. Y en ese proceso, también nos encontramos que los mecanismos de control del Estado tienen que existir, pero que debe crearse una cultura de responsabilidad del otro lado, porque tampoco podemos asegurar líneas de crédito si no hay retorno, y si no hay responsabilidad y obligaciones de la parte a quien se le adjudica el crédito. Lo digo en términos autocríticos, porque esa experiencia la hicimos, fue dolorosa; aunque nos queda un extraordinario sabor dulzón porque hubo una muy buena respuesta de la inmensa mayoría, con una fuerte apuesta a ese sector de emprendedores.

Este Fondo de Desarrollo Productivo es variado, pero si lo quisiéramos ordenar, por ejemplo, en los capítulos vinculados al campo, mejorando la calidad de las aguas, construyendo aguadas, con recursos propios y algunos con mejoras de aguas de calidad, como con el MVOTMA y el Ministerio de Ganadería en el período pasado, entre el 2007 y el 2011, hemos financiado 462 proyectos que han sido asistidos por la Intendencia. Estoy hablando en el medio rural, y estoy hablando por un importe donde el 40% ha sido subsidiando al sector que más necesitaba, al más pequeño productor, y el 60% eran sectores que debían devolver el 100% del recurso prestado, sin subsidio alguno. Entonces, la política diferencial  con este Fondo de Desarrollo Productivo fue una de las herramientas con un principio de justicia, pero también de responsabilidad social y generando pautas de obligación del Estado. Hubo programas particulares vinculados a las pasturas, 209 programas; allí no hubo subsidio, había que devolver el 100%.

Pero lo que permitió es pensar, en cosas que vamos a hablar más adelante, de que necesitamos institucionalizar, o crear nueva  institucionalidad que nos permitiera dar respuestas, que llevó posteriormente a crear un Fondo de Garantía y a acordar con la OPP una línea de microfinanzas.

Hay otros proyectos que están vinculados a carpinteros, a herreros; proyectos culturales que también son financiados, a artesanos, a familias que producen ropa; allí hubo 137 proyectos financiados por este Fondo durante este período de tiempo.

¿Qué fue lo que nos sucedió en este proceso? Que el mecanismo de la Intendencia al ser prestador a través de insumos y cobrar recursos con las dificultades que mencionaba anteriormente, nos llevó a buscar un camino de acuerdo con la Cámara empresarial de Maldonado y Punta del Este. Esto permitió también aglutinar otras Cámaras empresariales más chicas, de pueblos más chicos, para definir algunas directrices, hacia dónde íbamos a orientar las líneas de crédito.  Porque el riesgo era que si no definíamos, había un gran peso de los servicios, y temas que estaban de moda, como el caso de los ciber cafés, eran proyectos viables, que necesitaban una organización para desarrollarse, pero la pregunta era cuánto le hacíamos de aporte al proyecto productivo. Que no significa que no se necesiten, sino definir dónde están las prioridades. Y nos permitió acordar un Plan Estratégico, donde un primer capítulo el centro de la orientación  va a estar vinculado a lo agropecuario, a lo agroindustrial, que agregue valor, y a los servicios vinculados al turismo o actividades conexas.

Incorporamos a la Cámara en esa primera instancia, definiéndola también junto con la Intendencia como un órgano de alzada, porque los proyectos eran estudiados por técnicos de la Intendencia – no eran definidos por la voluntad propia del Intendente-  pero necesitaban resolución expresa. Esto nos permitió un mayor control, cuando se definían recursos, hacia donde se destinaba la participación del sector empresarial formal, organizado.

El otro tema fue incorporar lo que mencionaba, que era un acuerdo donde la Intendencia crea un Fondo de Garantías; con ese Fondo de Garantías incorporamos la reducción de los costos financieros de las líneas de crédito y empezamos a incorporar al sistema financiero formal las líneas de acceso al crédito. ¿Con qué nos quedamos nosotros?: con aquellos sectores que no pueden acceder a las líneas de crédito de ninguna forma; existe un mecanismo ya de subsidio casi, altos porcentajes para lograr que esa persona haga un primer ensayo.

No cabe duda que la Ley de Cooperativas sociales también fue un aporte a este proceso de organización empresarial, que nos permite no solamente contratar con el Estado de una forma primaria –y esto tiene que ver con el rol del Estado, discusión que no es la de hoy- pero nos permite además que en un mercado dinámico  -elemento insoslayable para organizar cualquier actividad empresarial o productiva-  nos permitió la inserción en el mercado y conocimiento de pequeñas empresas cooperativas sociales, que hoy prestan servicios inclusive a empresas privadas. Ahí tenemos un aspecto legal, de la propia Ley que yo creo que hay que considerar, que es que las cooperativas sociales como tales, no pueden licitar con la Intendencia, porque deberían cambiar de rubro, transformarse en cooperativas de producción o de servicios, y yo creo que la cooperativa social puede licitar, estableciéndose que si gana la licitación, deberá pasar a ubicarse como una cooperativa de servicios o de obras, y cambia también el sistema tributario, verdad?

¿Cuál es el problema?: que a veces la cooperativa social queda entrampada, no se anima a dar el paso, porque tiene miedo de perder lo que tiene seguro y dar un paso en falso. Esto lo menciono como parte de la evolución   del proceso, en forma reflexiva, porque son parte de las transformaciones que hay que seguir encarando.

El segundo capítulo, después de definida la primera etapa del Fondo de Desarrollo Productivo, fue ir institucionalizando nuevas herramientas que nos permitieran formalizar;  fue parte de esa estrategia, y en este período incorporamos una herramienta más, que es la creación de una incubadora de empresas, con financiación de la Unión Europea, en el marco del Proyecto Uruguay Integra. Habíamos trabajado para el proyecto de integración con Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja, en un proceso de desarrollo en diez ciudades y pueblos de los más pequeños… Perdón: era Treinta y Tres, Rocha y Maldonado, y ahora se incorpora Lavalleja. Y eran diez ciudades, diez pequeños pueblos de estos tres departamentos.

Este proceso – que nos cuesta mucho, del punto de vista del desarrollo local, incorporar tantas siglas que existen en el universo del Estado y de la cooperación internacional, y que ahora el Estado, a través de la OPP, está tratando de centralizar en una Agencia de cooperación internacional, que simplifique el acceso y que permita una distribución más justa de ese monto de cooperación internacional en el conjunto del territorio nacional. Porque a veces, la capacidad de las Intendencias, en términos de   aparato ejecutivo, de gestión, de capacidades profesionales, hacía que aquellas que estuvieran en mejores condiciones, accedían a esos créditos porque tenían la posibilidad de elaborar proyectos, a veces con créditos no retornables. Y las que tenían menor posibilidad y menos capacidad de gestión,  quedaban más demoradas o ni siquiera conocían lo que significaba la sigla.

Esto habla de un proceso democratizador de estas herramientas. No lo dije al principio, pero es válido: no hay forma de asegurar el desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, si no fortalecemos el desarrollo local y la institucionalidad departamental y local.  Hay Intendencias –  … lamentablemente no son todas las que han podido generar aparatos en términos de institucionalidad funcional, con capacidad instalada que quede. Que supere a los Intendentes de turno, y que genere capacidad, al gobierno que venga y a la sociedad civil, de darle continuidad a una serie de proyectos.

Nosotros en este sentido, con la incubadora de empresas, (generamos institucionalidad) fue fruto de un producto que habíamos creado dentro de la Intendencia, que es la Unidad de Proyectos. Porque es muy común que los Intendentes, y ahora los concejales y los alcaldes,  reciban propuestas y proyectos a desarrollar, y que muchas veces no tengamos la capacidad de analizar la viabilidad de los mismos.  Ni en el marco de qué estrategia se puedan desarrollar. Si puedo tener acuerdo con la Cámara Empresarial hacia dónde va la inversión y el destino de oportunidades, puedo tener una serie de herramientas. Pero armar un Proyecto es otra cosa… La gente dice: traigo un proyecto, y trae una carpeta con cinco hojas, porque tiene una idea en la cabeza.

Creo que en esto también hay que empezar a despejar la niebla, porque entre una idea, a la concreción del proyecto, hay un trecho muy largo. Y es necesario profesionalizar la capacidad de elaboración del proyecto, fortalecer la institucionalidad de la Intendencia, más allá de los partidos o de los Intendentes que estemos de turno, y generar capacidad de gerenciamiento de proyectos, es alimentar las posibilidades de desarrollo del emprendedurismo y de la pequeña y mediana empresa.

Este proyecto de incubadora de empresas va a estar gerenciado por una Comisión ejecutiva que integrará la Intendencia, la Cámara empresarial  Maldonado-Punta del Este, la Mesa Intersindical PIT CNT, e integrará también la Universidad de la República. La idea de esta incubadora de empresas es generar un nivel de preparación, de organización  y de gerenciamiento del sector empresarial mucho más científico que el que hasta ahora hemos avanzado.

Esta incubadora de empresas tiene enormes perspectivas de retroalimentarse, de generar la capacidad no sólo para Maldonado, sino de ser utilizada en la región. No porque esté en Maldonado, sino por esa experiencia concreta –por eso vuelvo al principio, debemos repetir el intercambio de experiencias-  y nos va a permitir tener empresas mucho más preparadas, no sólo para los momentos de auge y crecimiento, sino para los procesos de retracción o de crisis, si algún coletazo nos llega –como estimamos nos puede llegar.

Este proceso de incubadora de empresas  se instala en un viejo edificio recuperado por un grupo local de inversores en la ciudad de San Carlos, que incorpora una línea de supermercados y  que transforma una vieja estación de servicio en un lugar comercial, un centro dinámico que cambia el eje de la ciudad de San Carlos. Hablo de inversores locales porque fueron siete u ocho personas de capital mediano en San Carlos, que se pusieron de acuerdo, lo compraron,  alquilaron, y allí mismo se instala la incubadora de empresas, en una sinergia entre el sector público y privado.

Quiero destacar nuevamente un aspecto que creo que a la región este –y acá quizás por la cercanía de Canelones y San José con Montevideo-  hay que incorporar en este debate, lo que mencionaba anteriormente, que son las patas sociales, los empresarios y trabajadores, pero particularmente la Universidad de la República. Si el Uruguay y los gobiernos departamentales y locales, no incorporamos a la academia y el conocimiento a la toma de decisiones, los márgenes de error serán mayores, pero estaremos cometiendo un crimen de lesa humanidad del punto de vista institucional. Porque es recuperar a la Universidad para un rol interactivo con los actores privados, lo que se llama la extensión universitaria, como una herramienta que le permita moverse con la gente, con los actores sociales, entre otros con los emprendedores.

Porque hay conocimientos que hay que sistematizar, porque el hombre, como decía un amigo que ya no tengo, no puede volver a querer empezar a hacer fuego con dos piedras, porque ya evolucionó, y esto sucede porque el mundo y la sociedad han ido acumulando conocimientos.

Una cuestión que normalmente nos sucede es que a veces los gobernantes, o algunos dirigentes políticos, corremos el riesgo de creer que la historia empieza con nosotros, queremos volver a empezar, como dice la canción, en vez de recoger la experiencia acumulada, transformarla, sintetizarla, pasar raya, poner negativo y positivo, y avanzar sobre esa base que se construyó.

Porque no cabe duda que la acumulación de nuestra sociedad  es mucho más profunda, tiene mucho más contenidos y  que no es posible obviarla. Yo voy a mencionar un ejemplo en este sentido, que tiene que ver con la recuperación de un Parque industrial a la salida de la dictadura, en el primer gobierno democrático, de don Benito Stern, que era  Intendente del Partido Colorado, en un momento de crecimiento en la región  -estamos hablando de 1985  y 1990, en el 90 viene el proceso de creación del Mercosur- había una serie de empresas argentinas interesadas en instalarse para producir para la región, fruto de una serie de situaciones tributarias favorables que existían. Y creó una zona en Pan de Azúcar –pueblo donde yo nací- de 70 hás, poniéndole servicios de luz, agua y saneamiento en una parte, promoviendo la instalación de un Parque industrial. Vino el proceso de la crisis, no se pudo consolidar, vino la creación del Mercosur y  eso pasó 15 años en stand by, nunca más se mencionó. Cuando llegamos al gobierno, recuperamos el planteo, que ya  era un planteo institucional, porque había sido aprobado por la Junta Departamental, es decir, ya había marco legal, y trabajamos durante cinco años la idea. Tuvimos muchos tropezones, muchas veces sentimos que se iba a instalar una empresa que no se instalaba, y generábamos una expectativa que no se cumplía. Y ese es otro problema, cuando se generan expectativas.

El tema es que promovíamos el turismo, la inversión en olivos, en vides y en el parque industrial cuando salíamos al exterior, promovíamos el puerto de Piedras del Chileno, la Perimetral,  el Centro de Convenciones, y ubicábamos el parque industrial. Pasamos cinco años y pico, hasta que el 21 de este mes se firmó el primer contrato con una empresa que se instala en el Parque industrial para armar filtros, y está pensado que se instalen dos más. Yo espero que se instalen, que firmen el contrato que se instalan, porque ya tanta expectativa me ha generado, que me ha sacado muchas veces el sueño.

Lo que quiero decir con esto, es que ese período de 15 años sin trabajar la idea pesó…   No sé cuál fue la causa, capaz que hubo causas objetivas; o capaz que tiene mucho de componente humano, porque era el proyecto de otro y no lo recojo, verdad…? Por eso cuando hablo de sistematizar el conocimiento,  las oportunidades    y definir estratégicamente hacia dónde vamos, y este acuerdo reúne amplios consensos políticos y sociales, y se transforma en actos de gobierno, si logramos establecer un diálogo con esas características, creo que tenemos extraordinarias oportunidades para el país y para nuestros departamentos y para nuestras regiones intra país. Y para el desarrollo de proyectos de pequeñas y medianas empresas.

Cuando hablo de esto, estoy hablando de una señal que es fuerte, porque yo podría entrar en el detalle de cuáles son los proyectos que hemos financiado a través del Fondo de Desarrollo productivo, hemos dicho cuál es el escenario que va a darse, cuáles son algunas de las herramientas que hemos utilizado y cómo debemos intercambiar experiencias  con herramientas de otros gobiernos departamentales. Cómo hay políticas públicas nacionales que coincidan en este sentido, del aprovechamiento de recursos de cooperación internacional, de generar línea s de crédito, leyes que han sido puestas en vigencia modificando algunos aspectos, para estimular el desarrollo de pequeñas empresas. He hablado del conocimiento ordenado a través de la academia, la interacción de la misma con el sector privado.

 Pero esto sólo es posible si en el marco del debate democrático hay la posibilidad de construir amplios consensos, consensos sociales y políticos. Y yo creo que estamos en una extraordinaria oportunidad, pero a su vez imperiosa necesidad, porque … hay algunos que han visto pasar el tren más de una vez; yo lo vi pasar sólo una vez. Y espero no sea la última. Yo creo que hoy está pasando un gran tren por esta América Latina, cargado de oportunidades.

Poner un Estado más eficiente al servicio de oportunidades que se generan, poner nuevas herramientas   y poner los acuerdos políticos, es lo que nos permitirá que se potencie el escenario. Que es lo que podemos hacer los políticos, … cuando hablo de políticos no hablo en forma despectiva ni de la “clase política”; hablo de los políticos que tenemos responsabilidades, en un momento de la historia, de tomar decisiones en distintos niveles del Estado. Reivindicando la política como primera cuestión.

Bueno, si logramos acuerdos como yo creo que es histórico el acuerdo de las patentes, el subsidio al alumbrado público y otras herramientas que el Estado nacional está promoviendo, y que está logrando consenso porque se potencian las estructuras intermedias, como el Congreso de Intendentes y otras, si logramos , aún con las dificultades, aún con aquellos aspectos que tienen que ver esencialmente con concepciones filosóficas distintas, pero que pueden significar tener cuatro o cinco ejes (de acuerdo) Repito, como es hoy la minería que está llegando a acuerdos el sistema político. Creo que si esto se desarrolla a nivel de los gobiernos departamentales y del tercer nivel de gobierno, habrá posibilidad de que se siga desarrollando la pequeña y mediana empresa.

Si todo esto que dije de los subsidios, el agro, los artesanos, el Fondo pro cultura concursables que se creó –porque la cultura también genera recursos, no es solo el intercambio de valores, de construcción de escala de valores, sino también una oportunidad. Una de las carreras que hay en Maldonado del CURE (Centro Universitario del Este) tiene que ver con lo vinculado al cine, y allí hay una extraordinaria oportunidad. Como hay extraordinaria oportunidad de agregar valor cuando veíamos el lugar de exposiciones extraordinario que tienen acá en San José. Bueno, esa cultura, el arte, la pintura y distintas manifestaciones culturales, son parte del proyecto turístico, parte de la identidad, pero es un valor que además permite a mucha gente vivir. Y son también herramientas, a través de mecanismos  transparentes, concursables, donde la gente dispone de mecanismos de alzada, con la posibilidad de recurrir.

Lo que quiero destacar es que ninguna de estas cosas las podemos sostener en el tiempo porque nos diferenciemos en la cantidad de proyectos que financiamos o subsidiamos, sino si tenemos una política estable, que transforma al país en un país creíble, y que nos permita construir consensos sociales y políticos adentro, para construir en nuestros territorios locales, aprovechando las capacidades que tienen nuestros territorios. Creo que aquí hay un gran debate para dar en las Juntas Departamentales, con el conjunto de las fuerzas políticas en las Juntas Departamentales, donde cada uno de estos proyectos tenga un marco de referencia para asegurar que el paso que demos,  no retroceda mañana porque al que venga no le gustó la cara del de antes. Si esta fuera una línea de trabajo, tenemos extraordinarias oportunidades para que la pequeña y mediana empresa se siga consolidando en el Uruguay.

Bueno, si esperaban más de mí lo siento mucho, porque no tengo mucho mas que aportar, solo puedo contestar alguna pregunta si es que quieren hacer. Y agradezco mucho la invitación de ustedes y la presencia de todos.

Pregunta. – Sobre la posibilidad de que exista una tasa bromatológica única en el país,  y las diferentes condiciones que se dan de control y de pagos entre varios departamentos.

Int. De los Santos.-  Hay una Comisión del Congreso que está abordando este tema, ya desde el período pasado, porque efectivamente es como Ud lo plantea, eso no sólo pasa con Montevideo,  pasa también con Maldonado. Pasa también porque el uruguayo es un ser humano muy típico, y planteando el pago de la tasa bromatológica, permítanme hacer una precisión, donde las grandes empresas, en el 2005 impugnaron lo que habíamos votado en la Intendencia de Maldonado, y lograron un fallo favorable –quizás el acto era ilegal- de que se cobrara un porcentaje de la facturación que llevaba la carga. Eso significó que a las grandes empresas, y las grandes marcas que vemos en publicidad en TV, hayamos tenido que buscar nuevos marcos legales para cobrarles cuando ingresan con la mercadería a nuestro departamento. Antes se cobraba por facturación, ahora hay que cobrar por unidad, y como es una tasa hay que asegurar la contraprestación del servicio para analizar el componente del refresco, del queso o de la mermelada.

La gran preocupación, en el marco de la construcción de un país en serio, es que las condiciones bromatológicas sean  las mismas en el conjunto de las intendencias. Primera conclusión, la tasa bromatológica si bien es un recurso muy importante de las intendencias, tiene como fin generar herramientas para fortalecer la institucionalidad de las Intendencias, para asegurar la seguridad alimenticia del país. Asegurar el control de las condiciones bromatológicas de un alimento tiene que ver con el rol que está asignado a las intendencias, pero tiene como meta asegurar que las intendencias puedan tener Laboratorios capaces de hacer análisis en tiempo y en forma y tener mecanismos de control a través de personal inspectivo y nuevas tecnologías.

En ese proceso, la pregunta es quién paga eso, verdad? Correcto, ya voy a llegar a la doble tributación, y a los quesos… y me voy a comprar un queso antes de irme… (risas) Pero en esa cuestión, así como es cierto que los gobiernos departamentales tenemos desarrollos distintos, porque vivimos en lugares distintos del territorio y no podemos igualar, o medir con el mismo parámetro, porque son parámetros distintos… Y para mí hay que fortalecer la descentralización, el papel de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales a partir de una mejor distribución de los recursos, pero también transformando en más eficiente la gestión, los aspectos vinculados a la bromatología, hay Intendencias que tenemos importantes Laboratorios y otras que no los tienen. La primera cuestión es asegurar que en la norma – y es lo que está discutiendo el Congreso de Intendentes- estén cuales son aquellas cosas que queremos controlar en materia de seguridad alimentaria. Primer capítulo.

Segundo capítulo: ¿es legítimo que un camión que trae alimentos para Maldonado, que yo tengo que controlar en las grandes superficies y en el boliche más chico, me diga que va para Rocha y cuando pasa por el control bromatológico en Maldonado no pague, y después que pasó descargue toda la carga en Maldonado? Si ese sector no pone, que es el distribuidor –estoy hablando de las grandes empresas que evitaron el pago, cuando hablo de grandes, hablo de grandes empresas y grandes marcas- y que nosotros tengamos que cargar en el pequeño boliche del barrio el cargo de los costos funcionales de la Intendencia para prestar el servicio de seguridad alimentaria ¿es justo?  Después que tengo este bloque resuelto, que son las normas que vamos a exigir para asegurar la seguridad alimentaria, incorporando la necesidad del desarrollo de capacidades locales, institucionales del Estado, a nivel de los gobiernos departamentales y locales, laboratorios, mecanismos de contralor, recursos humanos, tecnología, que aquellos que ganan más en el proceso de producción y distribución, no tengan que aportar más, y la discusión esté planteada que de igual modo como decía la vecina a una situación de patentes diversas en el país, tengamos que pagar varias tasas, cuando pasa un queso que declara la vecina…? Ah, yo creo que tenemos que simplificar ese proceso, habrá que crear mecanismos que permitan que las 19 Intendencias generen capacidades locales para el control y asegurar la seguridad alimentaria, desarrollar la capacidad de estructura, logística, recursos humanos, tecnología, y que permitan que la herramienta de esa capacidad, en el rol de la bromatología, se haga a través de un mecanismo más justo para el pago. Mientras ese proceso no exista, el tema de los quesos de San José, de la producción de Maldonado que también entra a otros lugares, va a tener esa dificultad.

El proceso de simplificación depende de esta Comisión que lo está analizando, que debe acordar primero este primer bloque, de cuáles son las condiciones bromatológicas, y después el sinceramiento tributario, para poder financiar la operativa que  el Estado de un país en serio, debería intervenir.

A ver, no me quiero imaginar. Pero si estamos pensando en una tasa en el tema de caminería rural, no en las grandes concentraciones que es otra discusión, sino en el tema de mantenimiento, “el que rompe paga”, para decirlo de alguna forma, si tuviéramos mecanismos de distribución departamental, con varios criterios pero más centralizados en los mecanismos de control, de cómo se evalúan las tasas para financiar estos mecanismos de las intendencias, capaz que tendríamos una herramienta similar. Y capaz que entre las cadenas productivas, las cadenas de transporte y el destino final, cruzando esa información, podríamos tener un mapeo para encontrar un mecanismo más razonable, que impidiera que impida que exista doble o triple tributación. Pero mientras eso no exista, hay algunas intendencias que van a seguir reivindicando la necesidad de controlar la seguridad alimentaria de sus departamentos, porque está dentro de las competencias de la Ley, y tendrá que ejercer ese proceso. No es una solución sencilla, pero creo que es posible, y no es tan dificultosa.

Lo de las patentes creo que era más complicado, y estamos avanzando, no exentos de dolores de cabeza.

Pregunta.-   Cómo debe ser  la relación entre lo público y lo privado, para las pequeñas y medianas empresas, es un problema de comunicación, porque muchas veces los empresarios no se enteran de los mecanismos que existen o no conocen cómo llegar

Oscar de los Santos.-  Sí. Yo creo en lo colectivo, verdad?, y me parece que la apuesta a cualquier meta que nos planteemos, va desde la información, la capacitación, el intercambio de conocimientos, de esos “nichos” que tiene el Estado que a veces son compartimentos estancos; yo he mencionado el caso de organismos  del Estado con el Estado, por ejemplo de las intendencias y de los organismos de cooperación internacional, donde había distintas siglas, y casi era hablar en chino para poder acceder a una. Creo que hay que hace r una fuerte apuesta a lograr fortalecer la institucionalidad de la sociedad civil.

Cuando hablo de esto, es por ejemplo trabajando con el concepto de cluster, de aglutinar actores que tienen que ver, en un sentido de la producción, incorporando a las cámaras comerciales, industriales o de servicios. Pero particularmente trabajando con el concepto de cluster, porque si agarro la cadena vinculada a la producción, envasado y venta de miel, tengo una extraordinaria oportunidad si pongo a todos esos sectores en línea, y junto con el que foresta o planta para poder alimentar a las abejas, que colateralmente alimenta a las abejas pero tiene a su vez una producción central. Creo que estamos aprovechando oportunidades para decirles: Uds tienen acá una línea de oportunidades que se complementan, desde el que vende el bollón, el que fabrica el cajón para la colmena, el productor de la colmena, el que presta el campo, el transporte. Eso simplifica la información y la accesibilidad a esos compartimentos estancos que tenemos, hacerlo en términos de cluster.

Y la segunda cuestión es la transversalidad de esos procesos,  que yo creo debería darse a través de las cámaras. Muchas veces en un viejo concepto, el concepto de “cámara empresarial” se recurre a transformar en un territorio, en una ciudad,  el aglutinamiento de  sectores empresariales, a veces con fines de sector social, otras veces con fines de esparcimiento o de tener un beneficio de respaldo legal, se asocian para eso y creo que a veces se pierden oportunidades. No hago un juicio de valor sobre las cámaras, porque tampoco lo hago sobre el movimiento sindical, donde también muchas veces el concepto de compartimento estanco funciona de esa forma. Si funciona en el Estado, por qué no va a funcionar en el resto de la sociedad.

Entonces, el conocimiento de esas oportunidades depende también de cómo el Estado, para relacionarse con los actores sociales, estimula su organización. No es lo mismo que nosotros digamos: vamos a atender este cluster o esta línea de producción y la definamos con la Cámara empresarial, como lo estamos haciendo, a que lo hagamos como antes, que atendíamos individualmente la demanda, e informábamos individualmente. Cuando esto viene organizado por otro tipo de corporaciones y pasa por ese filtro, nos permite optimizar los recursos, asegurar la democrática información transversal al conjunto de los actores de la cadena productiva o de ese cluster, y en definitiva fortalecer un cuerpo social que se para frente al Estado de otra forma que la individual.

Así el concepto de transformación democrática del Estado no es una consigna; el Estado puede ser una cuestión tan blindada como un acorazado, que lo transforma en impenetrable. Porque el Estado genera su propia vida, junto con que hay que generar nueva institucionalidad, generar capacidades permanentes, el Estado también genera anticuerpos, que rechazan las nuevas formas de acción. Esto no es un problema que exclusivamente tenga que ver con el origen y la matriz de nuestro Estado; tiene que ver con el comportamiento del Estado a lo largo de muchas décadas.

Y también con un rol de la sociedad civil, que muchas veces sólo fue demandante, y aún hoy alguno continúa, cuando no logramos que se incorpore esa organización de la sociedad civil como actora fundamental en la toma de decisiones. Y que se comprometa con las decisiones. Porque la demanda individual se puede satisfacer del punto de vista individual, pero no da respuestas que pueda superar la etapa; da respuesta a alguien…  Y si la atención de la demanda individual no se transforma en acuerdos con el cuerpo social, con la sociedad civil organizada, que debe fortalecerse, no podremos consolidar los pasos que damos. Si la sociedad civil se organiza y evoluciona, tenemos que tener también etapas de transición, porque es cierto que aún la organización de los sectores sociales, empresariales , de trabajadores, de la cultura, del deporte, aún no llegan al conjunto de la sociedad. Y están aquellos que no tienen voz, y el Estado debe ser un asegurador de aquellos que no tienen voz.

Ahí tenemos un dilema –yo no sé cómo se resuelve- pero es cómo fortalecemos la capacidad institucional de la sociedad civil, generamos espacios de acuerdo no sólo para atender la demanda sino para que asuman la toma de decisiones en conjunto con el Estado, la defiendan, eso le genera un blindaje a esa toma de decisiones. Y en paralelo, que esto no sea una actitud corporativa que deje afuera a los sin voz.  Triangular es parte de esa transformación democrática del Estado, donde hay que generar nuevas herramientas de participación ciudadana.

Pregunta.-   Sobre el tema del medio ambiente, el puente sobre la Laguna Garzón, y todo este fenómeno del cambio climático. Hablamos recién de la participación ciudadana, de la minería, para definir este tipo de proyectos ¿cómo está planteado este tema referido al puente de Garzón y esa zona de integración regional…?

Oscar de los Santos-. Creo que es más que válida la pregunta, porque es cierto que uno no puede sembrar en el mar y no puede procesar en campo ajeno, porque esa cuestión de que todo el mundo es profeta fuera de su tierra, a mí no me convence mucho…

Cuando promovemos la acción de la sociedad civil organizada para comprometerse en la toma de decisiones, no sólo con la demanda, eso significa la necesidad de construir consensos. Creo que a su vez, como los sectores “sin voz” son más que los sectores organizados, el riesgo es que primen algunas concepciones de corporaciones o de lobbys, que tengan mucho más fuerza de presión que lo que piensa la mayoría de la sociedad.

Permítanme hacer un paréntesis, porque también creo que los sectores sociales más avanzados son los que se organizan, aquellos sectores que han hecho más experiencia, y también lo quiero reivindicar. Si no, podría entrar en una profunda contradicción del punto de vista ético conmigo mismo.

Ese proceso de lograr sectores avanzados que se organizan, como son los sectores ambientalistas – que debemos reivindicar en términos de ser un fiel de la balanza para asegurar la sustentabilidad de un proyecto,- pero no pueden, ni el Estado ni ese sector, definir solos los destinos del país. ¿Por qué menciono esto? Porque el debate sobre la minería va a encontrar el consenso de los partidos políticos, en días, hay ya un documento base casi acordado de cuáles deberían ser las condiciones que se deberían reunir para la explotación de la minería, y cómo significaría una transformación radical de las características del país y las oportunidades que generaría.

Este proceso es un debate que debemos dar, sobre fortalezas y debilidades, sobre oportunidades y aspectos negativos. Cuando lo traslado a la experiencia concreta del puente de Garzón entre Rocha y Maldonado, el Intendente de Rocha y el Intendente de Maldonado firmaron un acuerdo para la construcción del puente, en el período pasado, con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente. Se hizo un estudio de la viabilidad del puente, sobre la base de la voluntad política, porque la toma de decisiones es política y las tomamos aquellos que fuimos electos para tomar decisiones, aunque después se libere el conjunto de los mecanismos democráticos de consulta, de estudio de impacto ambiental.

Y la mayoría de la sociedad, de Rocha y de Maldonado, en encuestas de opinión pública, están a favor de la interconectividad y del puente. Hay un sector que en la audiencia pública ultima en la que estuve, fui más o menos insultado por el 90% de los participantes- la audiencia significó exponer por parte del gobierno departamental y nacional los objetivos de la interconexión con Rocha. Allí el rechazo era ampliamente mayoritario, puesto de manifiesto de forma muy efusiva y con una presencia muy importante de gente.

Si yo tomo esa audiencia pública como la expresión de la sociedad de Maldonado y de Rocha, estoy diciendo: no puede haber puente. La mayoría de la sociedad en las encuestas me dice que tiene que haber puente, y hay la voluntad política, que ha recorrido los caminos. Habrá que ver si el puente es viable, y en qué condiciones.

Aquí quiero hacer un segundo paréntesis. En los aspectos vinculados a    los desafíos  que tiene el país, voy a tomar el ejemplo del puente Garzón, para no referirme a la minería que desconozco, y a la discusión que significará un puerto de aguas profundas, y voy a decir: en la costa atlántica, no hablo de La Paloma, en la costa atlántica. Si el sayo cae en Maldonado, se imaginan el lío que va a haber… Pero si el Uruguay lo precisa, lo tendrá que debatir.

El desarrollo del turismo en el departamento de Maldonado significa en el orden del 50% de los ingresos por turismo al país. Tiene potencialmente, en 15 años, un potencial de desarrollo inmobiliario  … (perdonen, voy a ser exacto en las cifras): en el orden de los 5 millones de metros cuadrados en una zona que estamos habilitando, que se llama la zona de influencia del Centro de Convenciones, el eje de Aparicio Saravia, una zona que estamos analizando con la Universidad, con los técnicos, con el Ministerio, como un plan local dentro de las directrices generales del departamento. Y tendríamos posibilidad de 15 ó 20 años más, a este ritmo, si lo mantuviéramos, cosa que no se va a dar.

Pero al Uruguay, después de estos 15 ó 20 años, la costa atlántica que le queda es Rocha. La pregunta es ¿alguien se imagina el desarrollo del turismo, para crecer a los niveles que estamos creciendo, con el departamento de Rocha,  sin estar interconectado con Maldonado, ir a sus playas en buena parte, donde la gente ocupa y se asienta? Muchas veces son los mismos sectores que reclaman por el medio ambiente, porque quieren vivir entre las totoras. Pero cuando yo voy a la playa, fluye el drenaje de los pozos negros;  con la contaminación y el olor hacia la playa: allí no hay posibilidad de desarrollo. Si no se incorpora infraestructura como el saneamiento, como asegurar energía eléctrica y agua potable, no hay posibilidad de desarrollo.

Ahora, me dicen que por el desarrollo, le tienen miedo a los edificios?: bueno, elaboren ordenanzas, y el gobierno departamental de Rocha tiene ordenanzas muy restrictivas con respecto al impacto ambiental. Yo creo que hay que desenvolver desarrollo inmobiliario e infraestructura también en edificios, en partes de Rocha, como en Punta del Este, porque no toda Punta del Este tiene edificios, ni todo Piriápolis… Y allí coincidimos con el gobierno departamental y con los técnicos, en términos estratégicos de la región.

El tema es que la discusión hay que hacerla,  que debería ser mucho más racional que pasional, y mucho más transparente por parte del sector ambiental –que lo reivindico en todos los términos, vuelvo a decir, porque para mí es parte, un aliado del proyecto sostenido, del punto de vista ambiental y social. Porque también en el mundo se han hecho barbaries con el medio ambiente, y más en esta época, como planteaba mi querido amigo.

Pero lo que es cierto es que a veces allí se mezclan intereses que son particulares, y que hay gente que efectivamente lo dice abiertamente, que el desarrollo de Rocha puede impedir la continuidad del desarrollo de una zona de Maldonado, que es la zona de José Ignacio. Algunos quieren proteger a José Ignacio y su zona de influencia sin que se toque, y hay otros que tienen miedo de que la inversión siga de largo hacia Rocha, como que fuera un problema.

El Uruguay no tiene más alternativa que abrir el frente costero atlántico que tiene, que es hacia el departamento de Rocha.  Hacerlo de forma ordenada y con infraestructura, asegura un desarrollo sostenido del punto de vista ambiental, y permite minimizar el impacto del cambio climático que hoy sucede. Si no hay recursos, no hay posibilidad de proteger la faja costera; si no hay recursos, no hay posibilidad de invertir en infraestructura, y contaminamos el propio océano, el sistema dunar y la propia faja costera. Aparte, cuando se habla de desarrollo y el país productivo, cuando se habla del temor de contaminar visualmente la costa,  hay que reflexionar…   cuando hay cosas hermosas… Voy a hacer un cuarto paréntesis, porque me voy acordando de cosas…  Punta del Este no existiría sin Lussich, y Maldonado no existiría sin Piria y sin Lussich. Y el principal aporte de estos  fue que cambiaron las características urbanas de la faja costera. Porque si no, las dunas estarían adentro de la Intendencia de Maldonado, si no fuera por la fijación lograda a través de la forestación masiva, del sistema de dunas de toda la franja costera del departamento.  Pasa lo mismo en Rocha; en Canelones con otras características.

Ese cambio de la intervención del hombre le dio un valor agregado al paisaje; modificó el paisaje, y lo hizo atractivo para otros sectores, que adentro de la arena no podían vivir. No me refiero a los ambientalistas despectivamente; cuando hablo de seriedad en las discusiones, no sé, si hay sectores que plantean que el desarrollo significa vivir entre la arena o en las dunas, o quieren vivir en ese paisaje que ya modificó el hombre, y entonces por qué se niegan a que el hombre siga haciendo modificaciones al paisaje?

Es la única posibilidad de defender nuestra faja costera, de defender el medio ambiente y el ecosistema de Rocha. Existe el temor que el cruce del puente entre Rocha y Maldonado dañe zonas de áreas protegidas, que ya están definidas –y al contrario, debemos ser más que específicos protectores de esas áreas protegidas, porque son ecosistemas y reservas ecológicas muy importantes para el país, no solo para Rocha y para las que tiene Maldonado, o como Uds también tienen aquí-  y esto debe ser parte de la articulación de todo el territorio.

De otro modo, corremos el riesgo que primen, en un discurso fácil, cuestiones muy primitivas: de defensa de los ambientalistas, de defensa del propio Estado, que también puede caer en discursos facilistas, y no tengamos una dimensión acordada de hacia dónde va el país. Si acordamos hacia dónde va el país, estos aspectos se resuelven bien.

Porque miren la paradoja, en la misma anécdota del puente Garzón. Vino un compañero… y me dice: estuve con un tipo que dice que si no se puede construir el puente sobre la Laguna de Garzón, las empresas en Europa que hacen túneles que atraviesan montañas, y que atraviesan el mar por abajo, están ociosas y  plantean que lo pueden hacer por debajo de la Laguna. Parecía una película, de chiste, no?    Por eso decimos: evito la discusión sobre el puente, porque puede haber una forma arquitectónica que no genere impacto visual, porque eso afecta a los que viven allí, o a los que pueden ir allí, pero que no pasan ni lo van a conocer nunca. Si lo pudiera hacer por abajo,  estoy seguro que la discusión sigue instalada igual.

Entonces, discutamos los temas  de fondo, porque yo estoy seguro que existen causas de fondo, y respeto mucho eso. Esas causas son: protejamos los ecosistemas que están definidos como áreas protegidas; generemos mecanismos para contener la mancha urbana en los límites que  el ordenamiento territorial establece en Rocha, de acuerdo a los mecanismos legales que establece la Ley, y permitamos que el resto del territorio se desarrolle para generar oportunidades.

Este es un tema que me entusiasma, hoy hablábamos con el Intendente  Falero de San José que el tema del ordenamiento territorial  a todos los intendentes nos ha llenado en algo el alma, verdad? … porque si no, la gestión de pozos, etc, no alcanza, no nos regocija el alma…

Pero hay gente que cree que tiene derecho a instalarse en un lugar, genera una maravillosa calidad de vida, pero no pregunta de dónde sale la energía que consume con su luz; y no tiene claro si kilómetros más arriba o más o menos leguas, hubo que instalar una empresa y tapar miles de hás para generar energía eléctrica. No le preocupa, mientras no le toquen su territorio, consume esa energía. No le preocupa el impacto de retirar agua y transformar el agua dulce en agua potable, siempre y cuando él abra la canilla y tenga agua potable. Y no le importa a qué lugar del territorio va el contenido de sus cámaras sépticas, mientras se lo saquen de su territorio porque le da malos olores; tampoco le importa de dónde y en qué condiciones va la gente a trabajar, mientras le limpien la mugre y le pinten sus casas.

No hay forma de manejar el territorio en pedacitos, de los que trabajan en una condición, de los que viven en otra, el territorio de donde sacamos la energía, volcamos elementos o sacamos el agua. El concepto del manejo transversal e integral de un territorio es un tema muy complejo, y significa un gran pacto social, con gran soporte científico, pero también tomando decisiones políticas. Yo voy a trabajar decididamente por la integración de Rocha porque el país lo precisa, más allá de que los turistas sigan de largo para Rocha para algunos, o le enturbie la vista a alguno al que no le molesta vivir en un territorio a expensas de otros.

La mayor votación se produjo en el Municipio A, que agrupa los barrios 14, 17 y 18, con 11.940. Estas zonas incluyen los barrios Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, Prado Nueva Savona, La Teja, Cerro, Casabó Pajas Blancas, La Paloma Tomkinson, Tres Ombúes y Pueblo Victoria.

El Municipio G (zonas 12 y 13) tuvo la segunda mejor votación, con 10.120 votos. En estas zonas se encuentran los barrios Lezica, Melilla, Colón Sureste, Abayubá, Peñarol, Lavalleja, Paso de las Duranas, Belvedere, Nuevo París, Sayago, Conciliación, Ferrocarril, Colón Centro y Noroeste.

La mayor votación zonal se produjo en la zona 9, que comprende los barrios Maroñas, Flor de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Bella Italia, Punta de Rieles, Manga y Villa García. Votaron allí 8.684 personas.

La zona 5 (Punta Carretas, Villa Biarritz, Trouville, Pocitos, Puerto Buceo, Parque Batlle Sur y Villa Dolores) registró el mayor crecimiento de sufragantes con respecto a los comicios de 2008. Votaron 4.601 personas, 55% más que en la anterior elección.

Los resultados de ambas elecciones se conocerán a mediados de noviembre.

Fuente:  prensaimm@gmail.com

El abogado Juan Errandonea consideró que la Suprema Corte de Justicia debería aplicar la normativa internacional en materia de derechos humanos y declarar los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Además, defendió la Ley Nº 18.831, por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado.

1 ¿Por qué era necesaria la aprobación de la ley por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado?

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gelman vs Uruguay estableció en el parágrafo 254 que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”. Esa sentencia es obligatoria para el Estado uruguayo, para cada uno de sus poderes y órganos. Así como el Poder Ejecutivo cumplió el mandato de la Corte IDH revocando las resoluciones de los gobiernos de (Julio María) Sanguinetti, (Luis Alberto) Lacalle y (Jorge) Batlle, el Parlamento nacional también debía cumplir su parte.

2 ¿Cuáles son sus principales efectos?

La ley restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, declara que no se computarán plazos procesales, de prescripción o de caducidad desde la sanción de la Ley de Caducidad hasta la entrada en vigencia de esta nueva ley; y finalmente declara que los delitos referidos son crímenes de lesa humanidad, lo que no es más que una constatación objetiva de la naturaleza que estos crímenes tienen, desde hace décadas, para el derecho internacional.

3 ¿Que relevancia simbólica tiene la declaración de los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad?

Esto tiene una gran relevancia simbólica porque elimina de un plumazo las viejas concepciones que la derecha ha manejado en nuestro país de que los delitos cometidos durante la dictadura fueron “excesos” acaecidos en una guerra interna. Acá no hubo guerra, hubo terrorismo de Estado y en consecuencia esos crímenes son de lesa humanidad.

4 A su entender, ¿la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sentado posición sobre la categorización de los delitos como crímenes de lesa humanidad?

La SCJ en sus sentencias recientes de mayo y julio evitó referirse a si estos delitos son o no de lesa humanidad; y por lo tanto tampoco abordó el tema de si los mismos son o no prescriptibles. Alguna prensa informó de manera errónea que al confirmar procesamientos por homicidios muy especialmente agravados estaba calificando a los mismos como delitos “comunes” y por lo tanto prescriptibles. La SCJ no se ha pronunciado al respecto; solo se limitó a no aplicar la figura de la “desaparición forzada” por entender que ya se conocía el paradero de los desaparecidos.

5 ¿Cuáles son los motivos jurídicos para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes?

En la medida que estos crímenes son de lesa humanidad, va de suyo su imprescriptibilidad. Eso surge en forma expresa de la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de 1968.

6 ¿La norma puede ser cuestionada por inconstitucionalidad?

La norma que es claramente inconstitucional, y así lo ha dicho en forma reiterada la SCJ, es la Ley de Caducidad. Por el contrario, la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado no hace otra cosa que cumplir con un mandato de la Corte IDH, que es obligatorio para el Estado uruguayo en su conjunto. Además hay que tener presente que la SCJ, cuando dictó la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso de Nibia Sabalsagaray, afirmó que las convenciones internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional en nuestro país en virtud de lo dispuesto por el artículo 72 de la Carta, incorporándose a la misma por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana, que reconoce la comunidad internacional.

7 ¿Qué requisitos deben cumplirse para que la norma sea cuestionada judicialmente?

Para promover la inconstitucionalidad de una ley, ya sea por vía de acción o excepción, se requiere que el promotor tenga un interés directo, personal y legítimo. Por lo tanto cualquier persona no puede accionar al respecto. La SCJ tiene jurisprudencia constante en el sentido de que en los presumarios no son admisibles los planteos de inconstitucionalidad, porque hasta que el juez no aplica la ley no existe ley que pueda ser impugnada por inconstitucional. De ello se interpreta que solo los imputados, es decir los ya procesados, tienen legitimación activa para oponer la inconstitucionalidad de una ley.

8 ¿Cuál debería ser la posición de la Suprema Corte de Justicia ante las eventuales acciones de inconstitucionalidad?

La SCJ debe en primer lugar analizar la legitimación activa del accionante; y luego, no tengo dudas, debería desestimar todas las acciones de inconstitucionalidad respecto de la ley recientemente sancionada.

9 ¿Qué importancia debe tener el fallo de la Corte IDH en los futuros procesos por crímenes de la dictadura?

El fallo es obligatorio para los tres poderes del Estado y para cada uno de sus órganos, por cuanto Uruguay, al ratificar en 1985 la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptó, en ejercicio de su soberanía, someterse a los fallos de la Corte IDH. Por ende, los jueces deben aplicar las disposiciones allí contenidas. El fallo no solo es obligatorio para el caso concreto, sino que tiene numerosas disposiciones de carácter general que deberán ser seguidas por los tribunales nacionales.

10 ¿Qué caminos deberían recorrer las víctimas en caso de que la justicia declare la prescripción de los delitos?

Confío plenamente en que la Justicia uruguaya no va a aplicar el instituto de la prescripción a los delitos cometidos durante la dictadura, ya sea porque aplique directamente las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que considera que estos delitos son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, así como el fallo de la Corte IDH, o porque aplique la ley recientemente sancionada por el Parlamento. Por lo tanto no creo que sea necesario ni conveniente analizar actualmente la hipótesis.

Escrito por: MAURICIO PÉREZ

07 de noviembre de 2011

EMILIANO COTELO.- ¿Qué implica la aprobación de este proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y deja sin efecto la prescripción de esos crímenes?

Para el Frente Amplio (FA), que impulsó el proyecto, se trata de un avance sustantivo en materia de verdad y justicia. Pero los críticos de este texto entienden que puede convertirse en un obstáculo fuerte a las investigaciones, ya que va a ser objeto de decenas de recursos de inconstitucionalidad que suspenderán durante años las actuaciones judiciales.

Esta semana hemos hablado mucho de esta ley que terminó de aprobarse en la madrugada en la Cámara de Diputados con los votos del FA y que ha sido tan polémica.

Les proponemos un ángulo más. Vamos a dialogar con el abogado y director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, a quien también consultaremos a propósito de qué perspectiva se abre luego del hallazgo de la semana pasada de nuevos restos de desaparecidos en el Batallón 14.

Primero, ¿qué significa para usted la aprobación de esta ley que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, y que implica, como se ha dicho desde el FA, una “derogación tácita” de la Ley de Caducidad?

JAVIER MIRANDA: Es un paso más en el intento de que se permita a la Justicia actuar libremente. Es un episodio más de una larga cadena de más de 25 años de búsquedas de caminos para esclarecer la verdad y hacer justicia. Básicamente ese es el sentido. Creo que es solo un eslabón más.

EC – Usted estuvo entre los redactores.

JM – Sí, participé en una comisión del FA, a la que llegué de fuera intentando buscar los acuerdos para llegar a este proyecto de ley. Fue un texto debatido, no es un texto de autor único, es un texto de múltiples autores.

EC – Durante la discusión parlamentaria a esta ley se le han hecho varias objeciones. Una de ellas la planteaba ayer el doctor Martín Risso, experto en derecho constitucional y derechos humanos, cuando lo entrevistábamos aquí en En Perspectiva. Risso dijo: “Las personas que no estén de acuerdo con este proyecto de ley podrán interponer excepciones de inconstitucionalidad, con lo cual van a paralizar las investigaciones y los procesos por un año y medio, dos años, dos años y medio. O sea que el efecto buscado termina siendo una especie de búmeran que va a suspender la ejecución de la sentencia por un período indefinido, hasta que la Suprema Corte se pronuncie sobre el tema. Y siempre con el riesgo de que la Suprema Corte le dé la razón a los impugnantes y declare la inconstitucionalidad de la ley. O sea que es un nuevo obstáculo y un obstáculo importante”.

¿Qué contesta usted?

JM – Lo primero es que suelo prestar mucha atención a lo que dice el doctor Risso Ferrán, que es un experto y ha aportado mucho al debate razonable en este ámbito en el que no son precisamente las voces razonables las que más se escuchan. Eso es lo primero que quiero destacar. Es uno de los académicos a los que les presto atención porque creo que sus aportes son válidos.

La sentencia de la CIDH en el caso Gelman obliga a remover los obstáculos para la investigación. Y creo que la Ley de Caducidad podría ser, y de hecho lo ha sido, un obstáculo para las investigaciones. En ese sentido, si bien es sostenible que no obliga a legislar, sí había necesidad de legislar, porque el escenario que se podía presentar era de fallos contradictorios a nivel de los jueces de primera instancia e incluso de los tribunales de apelaciones, con consecuencias mayores. Por ejemplo, un juez letrado de primera instancia en lo penal que dijera “este presunto delito no está prescrito, y en consecuencia proceso, y proceso con prisión”, y un juez letrado de primera instancia en lo penal de otro turno, en una causa similar, que dijera “este delito está prescrito y sobreseo, o absuelvo, o no juzgo”, lo cual generaría una situación de incertidumbre jurídica importante.

Yo coincido y además entiendo perfectamente lo que dice el doctor Risso. Las sentencias de la CIDH deben cumplirse y punto. No se necesita legislar para su cumplimiento. Ese es el fondo y allí estamos totalmente de acuerdo.

En cuanto a la posibilidad de la paralización, sí, eso siempre sucede.

EC – Usted dice que la CIDH no obliga a legislar pero vale la pena hacerlo para evitar situaciones de incertidumbre, de dudas o de contradicciones.

JM – Además porque la Corte obliga a remover los obstáculos, y es un hecho que la Ley de Caducidad ha operado como un obstáculo, sin duda.

EC – La discusión viene a continuación a propósito de este instrumento que ustedes eligen, que el FA elige, para remover el obstáculo. Porque el instrumento mismo, dice el doctor Risso, puede terminar siendo un obstáculo.

JM – Sí; de todas maneras, el obstáculo se iba a presentar en la tramitación judicial, porque las acciones de inconstitucionalidad se iban a presentar. Pongamos por caso la hipótesis de que un juez dijera “está prescrito”; probablemente algún fiscal recurriera ese fallo y terminaríamos también en la Corte intentando remover el obstáculo de la prescripción, alegando que se trataba de un crimen contra la humanidad, que al impedido por justa causa no le corre el término y que siendo un crimen contra la humanidad es imprescriptible. Ese obstáculo de todas maneras existía. Esto permite unificar el criterio. El Poder Legislativo dice: “Este es el camino que hay que tomar”.

EC – Pero lo hace de una forma que desde el punto de vista de la mayoría de los expertos es pasible de una impugnación por inconstitucionalidad. Y uno de los aspectos que se han cuestionado con más fuerza es la retroactividad que introduce esta ley. Decía el doctor Risso: “Es un principio básico del derecho penal que una ley que aumenta la pena de un delito y que agrava la sanción no puede tener nunca efecto retroactivo”. Yendo al caso concreto, advertía: “Si una persona se vio beneficiada por la extinción del delito (sea cual sea la causa: prescripción, amnistía, indulto), una ley posterior no puede tener efecto retroactivo y hacer que aquel delito renazca y que renazca la posibilidad de sanción”.

JM – Sin duda son argumentos sostenibles y objeto de debate. El principio de retroactividad de la ley penal, primero, en nuestro ordenamiento jurídico no aparece explícitamente enunciado en la Constitución, tiene rango legal, aparece en los artículos 15 y 16 del Código Penal.

EC – Pero incluso la Suprema Corte de Justicia (SCJ) advierte que puede estar relacionado con el debido proceso, que sí está contenido en la Constitución, por lo que los afectados pueden recurrir la ley con el argumento de que no se respeta el debido proceso.

JM – Vamos por partes. El principio de retroactividad de la ley penal dice que nadie puede ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no estaba tipificada como delito. No es este el caso. Las conductas que fueron comprendidas dentro del artículo 1 de la ley nº 15848 eran delito al momento de la comisión, años 75, 76, 77, 78, hasta el 85, sin duda. Ahí no hay un problema de retroactividad de la ley penal, porque no se crea una nueva figura delictiva.

Segundo, no se genera una nueva pena o una pena más gravosa que la que existía en aquel momento. No es cierto. El mecanismo que se utilizó fue: el plazo de vigencia de la Ley de Caducidad no debe ser computado a los efectos de la prescripción. Ahí no hay retroactividad. Es más, esto se ha hecho con otras leyes. Tengo aquí a la vista la ley nº 15752, publicada en el Diario Oficial el 2 julio de 1985, que declara “suspendidos desde el 9 de abril de 1985 todos los plazos y términos procesales, incluidos los de prescripción y caducidad”. Esto fue el conflicto registral del año 1985. Es una técnica legislativa común; al que no puede accionar no se le pueden computar los plazos a los efectos de la prescripción.

Por otra parte, la prescripción no es un derecho. Yo no tengo derecho, si cometí una conducta, a esperar 15, 20, o los años que sea, en función de la pena establecida para que ese delito desaparezca por prescripción. La prescripción es un instituto creado para limitar el poder punitivo del Estado en este sentido: pasado determinado tiempo no hay razón para que el Estado siga persiguiendo este hurto, por ejemplo. Pasaron 20 años de un hurto. No hay ningún motivo social que justifique que yo 20 años después lo siga persiguiendo. Es exactamente el caso contrario a lo que sucede aquí. Aquí sí sigue habiendo motivo fundado para perseguir estos delitos, porque se trata de delitos contra la humanidad y de crímenes especialmente graves.

Entonces la ratio legis del artículo 16 del Código Penal –no de la Constitución de la República– es el principio de retroactividad de la ley penal, no el de la prescripción, que está contemplado en el Código Penal. El principio de retroactividad de la ley penal sí creo que tiene rango constitucional, por la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15, vía el artículo 72 de la Constitución. Y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé, justamente, que no rija el mecanismo de prescripción en determinadas circunstancias, en delitos especialmente graves.

EC – Queda claro que en su lectura de la ley hay cómo defender la constitucionalidad. De todos modos los recursos se van a presentar.

JM – Por supuesto.

EC – Con ese efecto suspensivo que implica un inconveniente para el avance de las investigaciones.

JM – No veo qué efecto suspensivo podría tener, pero la eventual dilación de los procesos se iba a dar con o sin ley. De hecho, se dio durante 25 años. Valdría la pena repasar: en 1985, cuando alumbramos la democracia el 1º de marzo, empezamos con las contiendas de competencia, quién juzgaba aquellos delitos; la justicia militar reclamó su competencia, zanjó la SCJ, pero antes tuvimos que discutir si la SCJ iba a ser integrada o no por militares a los efectos de resolver cuál era la jurisdicción competente. Después vino la Ley de Caducidad como nuevo obstáculo. Llegamos al 2011 y era la que faltaba. Ahora viene la prescripción. Ha sido como una carrera de obstáculos.

EC – Usted dice que, de todos modos, recursos de inconstitucionalidad se iban a presentar con o sin ley, que de todos modos este tema iba a terminar en la SCJ. Pero –este es otro punto del debate– el hecho de haber impulsado y votado esta ley le va a hacer pagar al FA un precio político alto. Lo dicen distintos analistas y lo dicen dirigentes del propio FA, porque en el FA no todos están de acuerdo con este instrumento. Hay muchos que en el Parlamento lo votaron por disciplina partidaria.

JM – Algunos.

EC – Porque haber ido por la ley, que no era obligatoria, según la sentencia de la CIDH en el caso Gelman, expone al FA a este cuestionamiento de que, como implica una anulación de hecho de la Ley de Caducidad, está desconociendo el resultado de dos consultas populares, la de 1989 y la de 2009. Ese va a ser un fardo, una carga que al FA le van a cobrar por ejemplo en la próxima campaña electoral. ¿Qué dice usted de esta parte del análisis?

JM – Soy consciente de que tiene costo político. Aquí hay dos órdenes de análisis. Creo que sobre todo el plebiscito del 2009 fue un error, lo he dicho, no lo apoyé, en Familiares tuve mis buenas discusiones en su momento por este tema. Fue un error porque ciertos temas no son sometibles a la consulta popular. Se han tomado un poco a la ligera aquellas expresiones del expresidente Vázquez en cuanto a que la mayoría no siempre tiene razón. Primero, es cierto, la mayoría no siempre tiene razón. Basta recordar “El enemigo del pueblo”, de Ibsen, en que el médico es condenado y uno de sus alegatos es “la mayoría no siempre tiene razón”.

Pero no solo no siempre tiene razón. Hay ciertas cosas que las mayorías no pueden decidir; no pueden ser sometidas al fallo de la mayoría. Y esto no es antidemocrático, al contrario; es el sustento último de la democracia. Toda la construcción de derechos humanos es contramayoritaria. Propongamos un plebiscito mañana para reinstalar la esclavitud; ¿es sometible al veredicto popular, al cuerpo electoral? No, hay ciertos cotos que están vedados a las mayorías.

EC – ¿Esas son las razones por las cuales usted discrepó con el plebiscito de reforma constitucional que se

impulsó en el 2009 para anular la Ley de Caducidad?

JM – Fue la lección aprendida en el 89, además.

EC – Pero se hizo. El plebiscito se convocó.

JM – Por supuesto.

EC – Se llamó a la gente a votar y la gente votó de una determinada manera: no convalidó la anulación de la Ley de Caducidad.

JM – No convalidó la anulación de la ley, pero tampoco convalidó que se jugara con la prescripción.

EC – ¿Ahora de hecho no se está anulando la Ley de Caducidad?

JM – Se la está dejando sin efecto, se está removiendo el obstáculo jurídico que significa la Ley de Caducidad.

EC – Porque no es derogar, se la está dejando sin efecto, se la está anulando. Y la gente no apoyó eso en el 2009.

JM – Yo no sabría decir. Lo escuché al senador Michelini en la entrevista que usted le hizo a este respecto; Michelini hablaba de una derogación.

EC – Decía que esto era una derogación tácita, y la mayor parte de los juristas dice que es una anulación.

JM – Yo tengo dudas sobre si es una anulación o una derogación. No tengo dudas de que deja sin efecto a la Ley de Caducidad, el que el Estado no pueda ejercer su poder de ver, de juzgar, que era lo que había hecho caducar la ley nº 15848, eso sí lo deja sin efecto. En el FA hubo una discusión sobre si esto significaba anular o derogar, por eso salió esta forma de expresarlo que es “restablecer la pretensión punitiva”.

EC – Entonces, a propósito de los riesgos que desde el punto de vista político implica para el FA haber dado este paso, aprobar una ley a la que se le puede objetar todo lo que recién comentábamos, pero además esto de que implica desconocer pronunciamientos populares, ¿qué dice usted?

JM – Yo creo que la ley no es inconstitucional. Se le puede objetar un montón de cosas, sin duda, porque es parte del debate, pero también se puede sostener, con la misma fuerza argumental, que no es inconstitucional, que es una ley adecuada para estos tiempos. El debate jurídico es el debate natural que siempre se va a dar en todas las soluciones jurídicas. Los juristas vivimos en estos debates, estamos acostumbrados. Creo que es la mejor solución que se pudo encontrar en este momento. Que tiene costo político, por supuesto; toda decisión legislativa tiene costos políticos. Yo creo que el costo político que el FA puede padecer porque se le endilgue “ustedes están pasando sobre el pronunciamiento soberano” es menor que el costo político de hacer funcional la institucional democrática.

***

JM:  “Los invito a pensar lo que significa para cualquier familiar saber que aparecieron restos humanos en un lugar donde hay noticias fuertes de que había enterramientos de detenidos desaparecidos. Lo primero que va a pensar un familiar es: “¿No será mi hijo?”.

 
EC – El doctor Javier Miranda hoy es director de Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura, pero durante muchos años ha sido abogado de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Él mismo es hijo de un desaparecido, del escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13 a fines de 2005.

Vayamos a otro tema relacionado con el de la ley que veníamos considerando: el hallazgo que se produjo el viernes pasado de restos de un cuerpo enterrado en el Batallón 14 del Ejército. ¿Cómo tomó esta noticia?

JM – Primero, con el carácter removedor que tienen este tipo de cosas. Porque a veces en el debate político, también en el debate jurídico, perdemos las dimensiones humanas que esto tiene. Los invito a pensar lo que significa para cualquier familiar saber que aparecieron restos humanos en un lugar donde hay noticias fuertes de que había enterramientos de detenidos desaparecidos. Lo primero que va a pensar un familiar es: “¿No será mi hijo?”. Tiene una dimensión humana que a veces se olvida y que es fundamental. Lo que allí se encontró fueron los restos de una persona que tuvo su historia, de una persona a la que se mató y se intentó ocultar hasta el hecho de su muerte. Es emocionalmente removedor, y lo reivindico: no perder la dimensión emocional que esto tiene.

Por supuesto que tiene otras connotaciones sociales importantes, pero la primera reacción es eso, de conmoción, de conmoverse. El sábado de mañana pude ir con las viejas al lugar, aun intentando cuidarnos de nuestras propias emotividades, y realmente impacta, impacta mucho.

EC – ¿Qué implica este paso en cuanto a la posibilidad de avanzar en la localización de restos de desaparecidos?

JM – Es un paso importantísimo. Veamos quién era esta persona, eso puede arrojar luz sobre futuras investigaciones, en función de su identidad, por el lugar de su desaparición, por la fecha de su privación de libertad. E indica que es posible seguir investigando y realizando hallazgos. Lo que también indica que estaría bueno no tener que estar buscando a tientas y locas y que sería más razonable, socialmente incluso, humanamente pero socialmente incluso, buscar con información cierta.

EC – ¿A qué está aludiendo? ¿Qué querría decir no continuar “buscando a tientas y locas”?

JM – Que se dé información de dónde están los enterramientos, dónde se hicieron en su momento, si hubo remociones, cuándo se hicieron, dónde, cómo. O sea, un montón de datos que estoy seguro de que existen, que es posible obtener –creo que el comandante Bonilla ayer daba a entender eso– y que no han circulado a pesar de las innúmeras ocasiones que hubo para hacerlas.

EC – Alude a las declaraciones que hizo ayer el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del aire José Bonilla.

JM – Exactamente.

EC – No es la primera vez que las hace, pero ahora las hizo a propósito del proceso parlamentario de la ley que veníamos comentando. Porque él es pesimista sobre el impacto que puede tener esta ley en la búsqueda de información. Dice: “Creo que hay un antes y un después del 1º de noviembre para aquellas personas que algo sabían, podían a partir de esa fecha, en la medida que se producía la prescripción, aportar datos que todos los uruguayos queremos, la verdad frente a los hechos del pasado”. Ahora que la ley deja por el camino la prescripción, va a ser más complicado obtener esa prescripción, está diciendo Bonilla.

JM – Es un problema de presunciones. El presumir que esta ley, o dejar sin efecto los plazos a los efectos de la prescripción, hubiera permitido dar información entra en el nivel de la especulación, de lo que uno piensa que podría haber sucedido. Lo que ha sucedido es que durante 25 años esa información la han dado a cuentagotas cuando la han dado. Entonces no veo qué elemento nuevo hay para sostener que eso podría haber cambiado si la ley hubiera prescrito.

EC – El actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, piensa lo mismo. Cuando Bonilla dijo esto hace unos meses, en mayo, y él no era ministro, compartió la opinión de Bonilla.

JM – Yo creo que la opinión de Bonilla y la opinión del ministro de Defensa no está fundada en hechos. No estoy de acuerdo, porque creo que hubo innúmeras ocasiones de hacerlo; tan innúmeras ocasiones de hacerlo hubo que en 1988 el entonces presidente Sanguinetti, a los efectos de la investigación del artículo 4 de la Ley de Caducidad, designó fiscales militares, Sambucetti y Corbo. Y ni siquiera con esas garantías –y además cerquita de los hechos– dieron información. Cuando el presidente Batlle, creo que en un acto político mayor para el país, estatuyó la Comisión para la Paz, también se dio la posibilidad de que la información circulara, y la información circuló con cuentagotas.

EC – Pero en aquella época se obtuvo información.

JM – Por supuesto que se obtuvo, pero menos de la que uno habría querido; tanto que seguimos buscando. Cuando en 2005 el presidente Vázquez invita –invita u ordena– a los comandantes en jefe a recoger la información, los comandantes en jefe trasladan información; no había ningún problema de prescripción ni ninguna probabilidad de juicios en ese momento, o sea, de que quien brindara la información pudiera ser juzgado. Alguna información se obtuvo, y otra fue mentirosa. Directamente mentirosa. No digo que los comandantes en jefe hayan mentido. Probablemente les hayan mentido también a ellos. Probablemente, no lo sé. Nada hace suponer que el hecho de que no hubiera una ley que frenara los plazos de prescripción habría abierto las puertas. De todas maneras, el centro de la discusión no está ahí, sino en cómo hacemos para abrir los espacios de diálogo en una cosa en que coincido absolutamente con el comandante Bonilla: todos queremos la verdad. Generemos los espacios para ello.

EC – Si entiendo bien, usted lee un detalle de las declaraciones de Bonilla –que por lo visto ahora van a ameritar una sanción– que capaz que no es el que está en el centro del debate. De esos comentarios usted saca como conclusión que Bonilla sabe o está convencido de que hoy hay efectivamente más información que se podría obtener.

JM – Se infieren dos cosas de lo que dice Bonilla. Él está convencido de que hay quienes podrían dar la información y la inferencia ahí es totalmente lógica. Si la persona dice: “La ley impide que aquellos que tienen información la den”, está partiendo de la base de que efectivamente hay información. Pero lo otro que dice el jefe, que me parece bien interesante, es: “Todos queremos la verdad”. Es una declaración política mayor que creo que hay que destacar. Entonces, insisto: busquemos los espacios que creo que el país necesita para encontrar los caminos de diálogo para que transite la información.

EC – ¿Qué caminos? ¿En qué está pensando?

JM – Hay que conversar, hay que dialogar.

EC – Porque existió la Comisión para la Paz, y allí se les ofrecieron todas las garantías a las fuentes que quisiesen dar información (militares, policiales, civiles). Varias fuentes lo hicieron, varios militares fueron a la comisión, se entrevistaron con Ramela, con Gonzalo Fernández y suministraron información. No les pasó nada.

JM – Nada.

EC – Ese canal existió. Incluso puede sostenerse –creo que se sostiene– que el canal sigue habilitado, que hay una comisión de seguimiento.

JM – A eso me estoy refiriendo.

EC – Usted sabe de eso porque ha estado muy cerca del tema y porque integró la comisión. También hay una oficina de seguimiento adonde se puede recurrir. ¿Entonces?

JM – Justamente, creo que hay que seguir insistiendo. No digo en una comisión para la paz, pero hay una Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Creo que ahí hay un buen ámbito. Y sigamos buscando los caminos de diálogo. Esto lo digo casi a título personal: hablemos, yo conozco a un montón de militares, sentémonos a conversar. Javier Miranda o María Suárez, me da igual, pero creo que es importante… Esto quiere decir una apertura de cabeza.

EC – Pero ¿por qué eso ocurriría ahora?

JM – ¿Y por qué no?

EC – Pero teniendo en cuenta que se acaba de dar este paso que para una cantidad de militares retirados, y sobre todo para los de alguna manera vinculados con los hechos de la dictadura, es una agresión. Esta ley es vista como una agresión.

JM – El funcionario público militar que hizo las remociones ¿en qué año?, ¿en el 84?

EC – No sabemos.

JM – Estaría bueno empezar a saber eso.

EC – Estamos aludiendo a la llamada “Operación Zanahoria”, cuando, por lo que se ha sabido, de los lugares donde habían sido enterrados los presos desaparecidos se retiraron los restos para luego quemarlos y tirar las cenizas al mar. De eso estamos hablando como Operación Zanahoria, remoción, etcétera.

JM – Pero esos no eran ni generales ni coroneles. El que manejó la máquina no era ni general ni coronel. Seguramente era un soldado de bajo rango en la jerarquía militar. ¿Por qué no brinda información? Una hipótesis plausible es que esté amenazado. Que le digan: “Usted no habla”, “acá no habla nadie”, “acá nadie se mueve”. Yo quiero ver si puedo aflojar esa presión. Y me parece que sería un buen gesto de la conducción militar de hoy que dijera: “Señores, exhortamos a que hablen”.

EC – ¿En estas circunstancias tan enrarecidas puede pensarse que se dé ese gesto?

JM – Yo apuesto a que se dé. ¿Cómo se sale de las circunstancias de mayor conflicto? Con diálogo. Es la última alternativa. Las otras alternativas son de enfrentamiento, que son las que no estoy dispuesto a alentar; todo lo contrario. No será en octubre de 2011, no será en noviembre de 2011; veamos cuándo, pero busquemos esos canales. Lo que estoy intentando trasmitir es la apertura de Javier Miranda, con una cierta trayectoria en este tema, del director nacional de Derechos Humanos, que es casi una invitación: “Muchachos, hablemos, sentémonos a conversar, veamos cuáles son los caminos de diálogo que podemos encontrar”. El país lo necesita.

EC – En función de lo que la Comisión para la Paz investigó y concluyó, que esa operación de remoción de restos existió, ¿no se está alentando una expectativa desmesurada con respecto a la posibilidad de encontrar más restos de desaparecidos? El propio López Mazz, los técnicos que estuvieron trabajando ahora en el Batallón 14 cuando encontraron estos restos comentaron: “Esta es la prueba de que la Operación Zanahoria o la remoción no fue perfecta, de que existió esa operación, pero hubo descuidos y quedaron; por ejemplo estos restos permanecieron en el lugar”. Entonces, si la operación existió, ¿cuánto más se puede encontrar?

JM – Que me lo digan quienes llevaron adelante la operación cómo la llevaron, en qué lugares estuvieron. Y que me digan antes quienes hicieron los enterramientos en qué lugares presumen que lo hicieron, si es que se acuerdan o si tienen elementos para hacerlo. Además, esto no es solo un problema de restos, hay uruguayos desaparecidos en Argentina cuyos restos no hemos encontrado pero sí sabemos cuál fue su tránsito vital. La verdad no es únicamente recuperar restos óseos, es saber qué pasó, en qué circunstancias murió, en qué momento murió y eventualmente cuál fue su proceso.

EC – Le pregunto de nuevo sobre el procedimiento: ¿con qué garantías esa persona, por ejemplo el soldado que hizo la remoción, va a declarar? ¿Dónde va a declarar?, ¿ante la Justicia, ante la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz?

JM – Puede hacerlo en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, puede hacerlo en la Justicia o puede hacerlo por otros caminos; en un país chico donde todos somos conocidos seguramente tenemos amigos comunes, es posible ir avanzando. Pero cuando usted me está preguntando por garantías me está preguntando cómo le aseguro a esa persona que me da esa información que no va a ir presa. Eso es lo que me quiere preguntar.

EC – Exactamente, esa es la objeción que se hace.

JM – Primero, creo que acá no hay posibilidades de negociación. No es cambiar información por impunidad. El problema son los grados de participación en los eventos delictivos, algunos comprometen responsabilidad penal pero otros no comprometen responsabilidad penal en ningún sentido.

EC – Y los mecanismos de reserva de la Comisión para la Paz, en particular esos, ¿siguen habilitados en este Gobierno?

JM – Sí, entiendo que sí. Pero la Secretaría de Seguimiento viene trabajando desde 2003, que es el momento en que cesó el funcionamiento de la Comisión para la Paz integrada, y de ahí para adelante, de 2003 a hoy, ha circulado muchísima información y hemos obtenido resultados, sobre todo con respecto a uruguayos desaparecidos en la Argentina.

***

Fuente: espectador.com ;  transcripción: María Lila Ltaif

ELECCIONES DE LOS CONCEJOS VECINALES.

El 30 de octubre podés votar en tu barrio a los vecinos y vecinas que integrarán tu Concejo Vecinal. Cada Concejo Vecinal está integrado por 15 a 40 personas, electas por voto secreto de mayores de 16 años.

¿ Qué hacen los Concejos Vecinales?

Trabajan honorariamente como representantes del vecindario, de organizaciones sociales, religiosas, deportivas, etc.

• Reciben necesidades y propuestas para mejorar la calidad de vida de su entorno.
• Elaboran proyectos y planes para mejorar el barrio, organizan y promueven actividades culturales, deportivas, etc.
• Trabajan para la inclusión social desde la solidaridad y cooperación con los sectores más vulnerables de Montevideo.
• Asesoran, coordinan y colaboran con el Gobierno Departamental, los Gobiernos Municipales y el Gobierno Nacional en la definición de programas de acción.

Pasan por la atención de los Concejos Vecinales desde el arreglo de una calle, un parque, una plaza, a las grandes propuestas para la ciudad, desde actividades para adultos mayores o el festival de rock. Muchas grandes y pequeñas cosas. Todas indispensables para vivir.

ELECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El 30 de octubre podés votar también los proyectos del Presupuesto Participativo.
El proceso comenzó con tu propuesta, siguió con un análisis técnico que definió su viabilidad, continuará con tu voto y finalizará con una obra o un servicio nuevo en tu barrio.

Votá en el Presupuesto Participativo.

• Mediante el Presupuesto Participativo todos pueden decidir qué quieren para el barrio, ayudando a definir dónde invertir los recursos de la IM.
• Las vecinas y vecinos de Montevideo, respondieron a la convocatoria que realizó la comuna y presentaron 1.115 propuestas de obras y servicios, de los cuales 530 serán puestos a votación.
• Las propuestas presentadas fueron estudiadas y evaluadas para determinar si eran viables, así como para estimar su costo.
• Para esta elección los proyectos no pueden exceder los $ 2.500.000 de inversión.
• El próximo 30 de octubre, la gente de tu barrio, votando, elegirá entre los proyectos aprobados técnicamente, los que se van a realizar.
• Se instalaran mas de 700 circuitos en todo Montevideo, el plan circuital sera dado a conocer en los medios de prensa.
• El voto es secreto y pueden sufragar todos los mayores de 16 años con Cédula de Identidad.
• Cada votante podrá elegir hasta dos proyectos de los que se pone a elección dentro de su Municipio.
• El proceso culmina en los años 2012 y 2013 con la realización, por parte de la IM y de los municipios, de las obras y proyectos elegidos.

En la web de la IM: http:// www.montevideo.gub.uy, están todas las Propuestas del Presupuesto Participativo de cada uno de los 8 Municipios y todas las listas de candidatos/as a los 18 Concejos Vecinales. Se pueden leerlas o bajar desde allí.
Se entra fácil: en la página de inicio, al centro, grande está el “link-botón” de entrada.
Cada Municipio está subiendo a su respectiva página los candidatos y propuestas propias.
Se llega desde aquí:

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobiernos-municipales

En el año 2007 y con la entrada en vigencia de la llamada Reforma Tributaria, el Régimen de Monotributo pudo ampliarse. Al comienzo solo alcanzaba a un conjunto de actividades desarrolladas en la vía pública y/o en espacios públicos, entonces se incluyeron actividades en pequeños locales y predios privados o públicos.

Con el decreto Nº66/2011 de febrero 2011,  más trabajadores y sus familias pueden ingresar a este sistema, y tener derechos a la salud, asignación familiar, subsidios por enfermedad y otros.

¿Quiénes pueden ser Monotributistas?

Quienes se desempeñen en pequeños emprendimientos, que desarrollen actividad comercial artesanal, microproductiva, de reducida dimensión económica, en puestos o locales que no superen los 15m2, y también los productores rurales, por la venta de productos agropecuarios que no sean de producción o elaboración propia.

También pueden ser también monotributistas, los jubilados de empleos públicos o bancarios, retirados militares y policiales, jubilados de Cajas Profesional y Notarial, los jubilados rurales y del servicio doméstico.

Monotributo social MIDES a estudio del Parlamento: aportes progresivos y cultura de la formalización

En octubre de 2011 se aprobó en Diputados  (y pasa a estudio del Senado) un proyecto de Ley que crea el Monotributo Social MIDES, cuyo objetivo es formalizar los emprendimientos productivos (trabajadores independientes) generados por personas en situación de pobreza. Está dirigido a emprendimientos que facturen menos de $34.000 por mes, en el caso de empresas personales, y menos de $ 55.000, en el caso de asociativas. Se calcula tomando como base un ingreso ficto de $ 2.393 por mes, equivalente a cinco bases de prestaciones contributivas.

Tiene una característica nueva, además de los ingresos mínimos, y es la gradualidad de su aplicación: el primer año se pagaría un 25%; el segundo un 50%, el tercero un 75% y recién el cuarto año se pagaría el 100%. Para el diputado Gustavo Bernini (PS-FA) miembro informante del proyecto, esto permitiría “echar a andar de a poco, con todo lo que implica el acceso a políticas sociales, sino que también se vaya generando una cultura de la formalización…”.

Fuentes:  www.bps.gub.uy  y www.espectador.com

Exposición de Julio César Pereyra, Director de Desarrollo Local de la Intendencia Departamental de Maldonado

“El gobierno departamental y los gobiernos locales hoy en día son una herramienta de desarrollo, es que se han generado políticas departamentales para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. A nosotros siempre nos preocupó cómo generar programas que fueran inclusivos, y que llegaran a todo el mundo, que todo el mundo pudiera acceder a ellos. Por lo que se decía hoy: es muy difícil que el pequeño empresario acceda a los programas, los programas están y existen, pero si se conocen, los conocen unos cuantos, y la mayoría de los que lo conocen tampoco acceden a ellos”

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Buenas noches, gracias señor diputado “Yuyo” Pérez por el compromiso en el que me ha puesto. (risas) Quiero agradecer la presencia de los representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado y de la Asociación de Comerciantes Minoristas; son las dos instituciones que mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas nuclean en el departamento y son ampliamente representativas de este sector, es un gusto tenerlos acá. Con la Cámara Empresarial fundamentalmente hemos trabajado bastante, fue una de las apuestas que se hicieron desde la Unidad de Desarrollo, que tiene como uno de sus cometidos promover, formular y apoyar y estimular la instalación de pequeñas empresas, y trabajar con los actores que nuclean a estas empresas era uno de los objetivos.

Nosotros, básicamente por “deformación profesional” –somos técnicos agropecuarios- hemos trabajado muchísimo desde la Unidad de Desarrollo, con el sector agropecuario. Poco a poco hemos venido incursionando en otros sectores que no son agropecuarios – al sector por supuesto no lo hemos abandonado, son 2800 empresas que integran esas 10.000 que decíamos recién. Hemos creado una serie de programas que tienden a atender la problemática de los sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la Cámara Empresarial de Maldonado es un fuerte aliado, que por suerte, nos hemos entendido muy bien, y en eso estamos trabajando.

Nosotros queríamos hacer algunas consideraciones generales antes de meternos en el tema, lo vamos a hacer muy rápidamente. Como decía el Yuyo hoy, cuando empezamos, y como decimos los 19 Directores de Desarrollo de los 19 departamentos, “nuestro” departamento es muy especial. Pero creo que Maldonado sí realmente tiene algunas características, que todos sabemos, pero no está de más recordarlas. Como decía un amigo psicólogo que estudia estos temas, 7 de cada 10 habitantes de Maldonado son migrantes. Eso le da una característica muy especial a la población, que influye después sobre cómo se desempeña con relación al empleo y a la actitud emprendedora. El 70% de estos migrantes llegaron a Maldonado, precisamente, por cuestiones laborales. Eso les da una característica especial: no se quedaron en su departamento esperando que las condiciones de vida cambiaran y que su trabajito después de veinte años, les subiera el sueldo, sino que decidieron tomar la iniciativa y hacer la América, de buscar la oportunidad.

Llegaron a Maldonado, eso les da una característica que después cambian rápidamente de trabajo, y se vuelven pequeños empresarios, esos empresarios unipersonales, que también explica desde mi punto de vista ese altísimo nivel que también hay en Maldonado de informalidad, que es bastante más importante para el departamento de lo que se planteaba.

También en Maldonado una característica muy especial es que la actividad laboral comienza dos años antes que en el resto del país; en Maldonado la persona se incluye en el mercado laboral antes de los 18 años, cuando el promedio en el país anda por los 20 años. Quiero decir una cosa, es que desde los Departamentos de la Intendencia es bastante difícil acceder a información, y generalmente hay una gran dificultad para acceder. Quiero agradecer especialmente a mi equipo asesor, que en la persona del Ing. García Fontes y la Cdora. Martínez, fundamentalmente, han trabajado muchísimo en este tema. También agradezco a la gente del Proyecto Región Este, que trabajó mucho tratando de conseguir información, y del Proyecto IDEAR, que más adelante vamos a explicar qué es.

Todos los números que nosotros podemos hablar tienen una relatividad bastante importante. Por ejemplo, por suerte empezó el Censo ayer; si hoy le preguntamos a cada uno de nosotros cuántas personas viven en Maldonado, seguramente tengamos diferencias hasta de 50.000 personas; hay gente que opina que hay 150 mil, hay gente que opina 200 mil, alguien me dijo 150 mil; pero los números están teñidos de esa relatividad, por la que nos ha costado concretar.

Decía que la jornada laboral comienza muy temprano, eso influye sobre la capacitación de la mano de obra, porque el joven se integra rápidamente al trabajo, pero perdió años de capacitación curricular. Y la fuerte zafralidad, todos la conocemos, eso atenta directamente sobre la supervivencia de las empresas. Es clarísimo, en Maldonado se abren y se cierran empresas, abren el 1º de noviembre y se cierran el 30 de marzo.

Otra cosa que hay que decir –pero uno también fue pequeño empresario, también se fundió dos veces, hay que fundirse tres para ser buen emprendedor- que la pequeña empresa, la micro y la mediana, pero sobre todo la micro y la pequeña empresa explican mucho más que la realidad económica de un departamento, muchas más cosas. Sin duda, ninguna de estas empresas va nunca a sponsorear a Tabárez y su banda, pero seguramente están atrás de cada cuadro de baby fútbol que hay en su barrio, hoy que está de moda atrás de todas las murgas. Siempre hay una micro empresa que está apoyando, está poniendo su plata, ni siquiera sponsor o un logo porque no lo tiene, pero de alguna manera haciendo que la cultura, que el deporte, que lo social, que la escuelita, las comisiones de barrio funcionen. Eso atraviesa toda la sociedad y es una herramienta de inclusión social invalorable, que muchas veces nosotros no la tenemos en cuenta; agarramos las estadísticas: cerraron tantos puestos de trabajo, y no tenemos en cuenta esa otra dinámica que le da a la sociedad el pequeño empresario. Muchas veces nos quedamos con la gran empresa, que tiene sus banderas, que van a lo deportivo –perdonen que lo planteo mucho desde lo agropecuario, que es mi formación. Pero uno se crió acostumbrado a que el vecino de la escuela rural, uno ponía la carne, otra la leña, otro el querosén, y así funcionaban las escuelas rurales, que eran el centro social de la zona. Hoy a las grandes empresas muchas veces hoy puede pedirles colaboración, y estamos rodeados, en algunos casos, hay empresas que sí, pero otras que no responden a esa inquietud de los vecinos para hacer funcionar su centro social. Esto en lo que tiene que ver con algunas consideraciones del departamento.

Maldonado representa el 5% del PBI –también nos fue difícil, aunque no lo crean, conseguir el dato del PBI del país. La OPP da una cifra, el BCU da otra, y tienen una diferencia grande, son unos 10 millones de dólares. Entonces, la relatividad de los números, cuando nosotros intentamos desde una humilde oficina de Desarrollo de la Intendencia, realmente cuesta y cuesta trabajo. Lo sabe el presidente de la Cámara Empresarial, que asiente, es así. Pero digamos que Maldonado representa el 5% del PBI del país, que serían unos 1.100 millones de dólares, y ese PBI se explica por el turismo en un 80%. Eso Horacio lo sabe muy bien. (se refiere a Horacio Díaz, Director de Turismo de la ID) Después, la construcción explica un 16%, y el sector agropecuario, primario, explica un 4% del producto. El 47% del ingreso por turismo se da en Maldonado: son 711 millones de dólares.

En cuanto al “mapeo” empresarial, ya se dijo, el número de empresas en Maldonado en 2010 –son los datos que conseguimos- eran 2.756; eso tuvo un crecimiento anual del año 2009 al 2010, del 4,8%, que es el doble del crecimiento que tuvo el sector empresarial en el país, que fue de un 2,4%. En Maldonado creció el doble el porcentaje de empresas.

¿Cómo se estructura el empresariado? El 43% microempresas, unipersonales el 41% y pequeñas empresas el 12%. En la estructura del sector, mal que les pese, el sector agropecuario representa el 26% del empresariado, son 2880 empresas; el comercio al por mayor el 21% y la actividad inmobiliaria, como es lógico en el departamento, es el 8,5%, son 915 empresas, y la industria manufacturera el 6%. Luego, otras actividades representan el 5% y actividades profesionales el 4%.

En el 2010 se registraron 283 empresas más que en el año anterior, donde los principales rubros fueron comercio, actividades de servicios y actividades inmobiliarias. Y el rubro que generó la baja fue el sector agropecuario, que perdió 44 empresas en el año 2010.

Ya nos referimos a la relatividad de los datos, y acá es donde entra la informalidad. Se estima que la media de informalidad del trabajo en el departamento es de un 30%, ubicado por debajo de la media nacional –dice acá, los datos que tenemos nosotros- que es un 31%. En este sentido, se puede estimar que en el 2010 existían 82.000 puestos de trabajo efectivos en el departamento, y 25.000 eran informales. Estos datos –reitero- son relativos, es lo que conseguimos.

En ese sentido, hay una gama interesante de combinaciones que se dan, de gente que trabaja informalmente, sin tener ni galpón, ni local ni inversión; otros que tienen local e inversión, otros que tienen empleados, o los tienen en negro. Una serie de combinaciones que se dan en este sentido.

Lo que yo quería plantear básicamente, es en el entendido que el gobierno departamental y los gobiernos locales hoy en día son una herramienta de desarrollo, es que se han generado políticas departamentales para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. A nosotros siempre nos preocupó cómo generar programas que fueran inclusivos, y que llegaran a todo el mundo, que todo el mundo pudiera acceder a ellos. Por lo que se decía hoy: es muy difícil que el pequeño empresario acceda a los programas, los programas están y existen, pero si se conocen, los conocen unos cuantos, y la mayoría de los que lo conocen tampoco acceden a ellos. Es difícil, por esa característica social del emprendedor… aquí se dijo el término sociológico… Y además, que no tiene tiempo, generalmente hace todo el trabajo él.

Entonces, a nosotros nos preocupa cómo hacer políticas que lleguen a todos, que sean amplias y que la gente que quiera realmente participar, que pueda participar de esas políticas. Porque si no, terminan participando 10, 12, 50, y comparado con los 10.000 que tenemos como público potencial, no son nada.

Específicamente vamos a dejar afuera al sector agropecuario, porque ahí tenemos una cantidad de programas, que se desarrollan normalmente, y que por suerte dan resultado –por lo menos, se quejan poco los usuarios. Pero ahí tenemos programas de apoyo al sector apícola, lechero, hortícola, aguadas, tajamares, agua para la producción, fortalecimiento de la producción ovina del departamento – el famoso cordero gordo que le gusta comer al Flaco – campos de pastoreo, quesería, etc. Eso se desarrolla, son programas que apoyan al sector agropecuario, que rápidamente se integran y la gente los conoce y tienen muchos años la mayoría de ellos, y la gente accede a ellos sin problemas.

Ahora, cómo accede la micro y pequeña empresa en los otros sectores, secundario y terciario, a programas de desarrollo que existen, y que generalmente existen a nivel nacional, esa es la dificultad. Nosotros veíamos como principales dificultades de estos sectores –creo que aquí se nombraron ya la mayoría- la falta de capacitación empresarial, la dificultad de acceso al sistema financiero, la falta de capacitación en comercialización y marketing; los costos derivados de la formalidad –me hago responsable de lo que digo (risas). Y la fuerte zafralidad del sector en las principales actividades a las que se dedican las empresas nuestras.

Para eso, había de alguna manera que dar respuesta a nivel departamental. Obviamente, en alianza con los organismos nacionales que tienen que ver en este tema. En el sector rural lógicamente trabajamos muy fuertemente con el MGAP, que es nuestro par. Nos ha costado a veces en estos sectores, identificar a nuestros pares; salvo Dinapyme con la que trabajamos fuertemente, hemos tenido algunas dificultades de encontrar interlocutores válidos a nivel nacional, que nos permitan desarrollar políticas. Nosotros somos un brazo ejecutor acá en Maldonado, tenemos vínculos, apoyo logístico, tenemos un montón de cosas, pero a veces nos faltan esas políticas nacionales que permitan bajarse y aplicarlas en el departamento.

Hemos trabajado con Dinapyme con cursos de capacitación, que siempre son escasos, pero que existen y llegan a los distintos empresarios, y que les sirven. Ya en el período pasado se creó una herramienta, la famosa Uniprode, de la cual hemos hablado muchas veces y en la cual fuimos apoyados públicamente por diversos sectores. La Uniprode era una Unidad del proyecto de desarrollo, que lo que hacía era otorgar apoyo técnico y financiero, con recursos municipales, a los emprendedores que se presentaban con un proyecto que los técnicos de la Unidad consideraban viable. De esa manera se apoyó a un montón de emprendedores, se está apoyando hasta el día de hoy, entre ellos a cooperativas sociales, pequeños empresarios que hoy están trabajando, etc. Y fue, de alguna manera, la puerta que nos permitió entrar en un mundo bastante desconocido para mí, pero que después comenzamos a agarrar la mano y creo que nos ha permitido generar una estrategia de trabajo que vamos a seguir en el momento.

Otro de los desafíos, conociendo las dificultades del acceso al crédito que tiene la pequeña empresa, y la falta de interés del sistema financiero por apoyar a estos empresarios –generalmente estos empresarios se financian con el crédito al consumo, pagando tasas altísimas- ahí lo que logramos fue un acuerdo con el Programa Microfinanzas para el desarrollo productivo de la OPP. Hemos estado trabajando –con cierta dificultad, pero trabajamos desde ya hace cinco años- y hoy en día estamos a punto de crear un Fondo de Garantía Departamental, ya está todo el proceso armado.

En ese Fondo de Garantía va a haber dinero departamental y de la OPP, y va a servir para apalancar la garantía del sistema financiero local que desee trabajar con la pequeña y mediana empresa, y vamos a compartir el riesgo con el Banco. Entonces, eso le va a permitir al pequeño empresario que tenga el aval de la Unidad de Desarrollo de la Intendencia, acceder al crédito normal de plaza, a un interés bastante accesible, y no tener que caer en la financiación del sistema de créditos de consumo.

Este Programa de microfinanzas es un programa nacional; somos la segunda Intendencia que vamos a tener un Fondo de Garantía si no me equivoco, siempre y cuando Pedro dé el aval, pero suponemos que antes de dos meses estará funcionando este Fondo de Garantía de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Finalmente, nos quedaba un gran desafío, que lo traíamos de tiro hace varios años, que es la instalación de una incubadora de empresas. Por suerte, ahí nos presentamos al Programa Uruguay Integra, que financia proyectos de desarrollo con fondos de la Unión Europea, y obtuvimos una subvención de la UE –la segunda que obtiene Maldonado, ya habíamos obtenido una antes para un programa de desarrollo rural- que nos va a permitir financiar una incubadora de empresas. El proyecto se llama IDEAR, y va a haber una incubadora de empresas que no tiene nombre todavía, que va a funcionar en la ciudad de San Carlos … – no me mires, no digan nada… – creíamos que San Carlos es un lugar adecuado para que funcione la segunda incubadora de empresas del interior del país.

El Programa está bastante avanzado. De repente Uds dicen: este se contradice, quieren crear políticas que sean inclusivas, y crean una incubadora de empresas que apenas va a incubar 10 empresas cada dos años. En realidad, me gustaría repetir las palabras del presidente de la Cámara Empresarial ayer en TV: en realidad, lo que estamos creando es cultura de trabajo. Con esta incubadora de empresas es un proceso, que ha generado una movida bastante interesante, y el desafío es instalar la incubadora en un local que va a estar ubicado en la ciudad de San Carlos, dándole toda la infraestructura necesaria para que esas empresas se desarrollen. Va a haber un período de pré-incubación de 20 empresas; luego se van a elegir 10, y esas 10 se van a incubar durante dos años. Ese es el objetivo final: incubar durante dos años la primer partida, y cada dos años se irán renovando las empresas.

Este proyecto tiene también otros desafíos. Uno de ellos era el mapeo de la actividad empresarial del departamento; mapeo que ya está disponible, que lo realizó el Instituto Politécnico de Maldonado, que fue presentado la semana pasada. Mapeo que ha dado una serie de datos interesantísima, yo creo que hay que seguir con él, porque el desafío ahora es crear un Observatorio Departamental de la actividad económica, para poder hacer un seguimiento, porque los cambios son muy rápidos y realmente a veces tenemos datos que tienen cinco años, y ya la realidad cambió, ya no nos sirven para tomar decisiones.

De última, el gran desafío que tiene el proyecto IDEAR es la instalación del Consejo de Desarrollo Económico Departamental, del cual se están realizando las primeras acciones, ya se hizo un Taller la semana pasada, donde estuvimos con gran parte de los representantes de las diferentes actividades económicas. En este Consejo de Desarrollo Económico Departamental, que tiene como fin, por un lado, dirigir la incubadora de empresas como tarea específica. Pero como tarea más a largo plazo, tendrá la de fijar las líneas de desarrollo económico estratégico del departamento, en el que se quiere que participen todos los actores que tienen que ver con lo económico en el departamento. Y fundamentalmente, que participen estos sectores, que son los que menos voz tienen, y que si no fuera por los amigos de la Cámara Empresarial y de la Asociación de pequeños comerciantes, quizás ni siquiera tuvieran expresión pública, porque hay un problema de representatividad y también de participación, que todos lo sabemos. Le pasa a todo el mundo: la gente va, se afilia a la Cámara, pero después pasan cuatro años que nunca entró, eso lo vivimos todos.

Entonces, lo que queremos es darles una voz en este Consejo de Desarrollo, a través de los municipios fundamentalmente, y que todo el interior del departamento se manifieste en este Consejo, de manera que cuando se creen políticas de largo plazo en el departamento, podamos estar recogiendo la opinión de todos los integrantes del mismo.

Bueno, esto es algo de lo que teníamos para decir, el “power point” mío dejó mucho que desear… (risas). Prometo en la próxima tenerlo armado, en realidad no dio el tiempo de hacerlo. Agradecemos la atención, y todos los datos, fundamentalmente para los estudiantes que los puedan necesitar, tenemos un montón de datos que podemos aportar, y estamos enteramente a las órdenes para trabajar en estos temas. Muchas gracias

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La Intendenta (I) Sra, Silvia Pérez, abrió la Mesa destacando que se trata de una actividad “más que interesante, necesaria”   como parte de las actividades de responsabilidad social en el Departamento.  Pablo Pérez, diputado por el departamento (FA-AP) analizó algunas características del trabajo y el empleo en Maldonado y las dificultades que enfrentan los micro empresarios y trabajadores para acceder a la formalidad y la protección social.

Participaron del evento diversas organizaciones sociales,  cámaras empresariales; Cámara empresarial de Maldonado, Liga de Fomento de Punta del Este, Unión de Comerciantes, Hoteleros,  representantes sindicales de la zona (SUNCA, FUECys), periodistas, profesora y estudiantes de la Escuela Técnica de CETP UTU, y varios Directores y funcionarios departamentales. Durante el debate hubo propuestas, críticas y reclamos diversos, entre otros sobre el aún “elevado costo de la formalidad”, las dificultades en la información en algunas dependencias estatales, “que nos traten bien”, mencionaron entre otras.

“Hay dificultades, pero vaya si están vivas y son importantes como fuente de generación de empleo”, dijo el Ec. Lagomarsino del BPS al citar cifras sobre la participación de las mpymes en el crecimiento del empleo en la región: 44,8% entre 2002 y 2010 fue el crecimiento del empleo regional, en el que las microempresas y empresas unipersonales tuvieron un peso cercano al 40%.

Julio César Pereyra, Director de Desarrollo Local de la Intendencia fernandina, citó rasgos específicos de la actividad en el departamento, como el fuerte peso de la zafralidad, que determina una lucha por la supervivencia de las empresas y las personas, la migración desde otros lugares del país, el ingreso temprano a la actividad laboral, que influye en la capacitación de la mano de obra, todas características que inciden en la formación y viabilidad de las mpymes. La existencia de las micro y pequeñas empresas, dijo, también explica “mucho más que los datos económicos, la realidad del departamento: siempre hay una pequeña empresa apoyando al deporte, a la escuela, a la murga, en los pueblos y localidades”.

Pereyra explicó que se han generado políticas departamentales de apoyo a las mpymes, para que puedan acceder y conocer programas que ya existen. Enumeró entre las dificultades, la falta de capacitación empresarial, el difícil acceso a la financiación y los costos de la formalidad. Mencionó la creación de un Fondo de Garantías para proyectos de microfinanzas,  y la instalación de una “incubadora de empresas”, a través del Proyecto IDEAR que va a funcionar en la ciudad de San Carlos, donde se va a orientar a 10 empresas cada dos años, y durante dos años, con asistencia técnica y financiera. “Creamos cultura de trabajo” explicó el Director, y describió instrumentos como el mapeo de la actividad económico empresarial del departamento (realizado por el Instituto Politécnico de Maldonado) y la creación de un Observatorio departamental de la actividad económica.

La instalación del Consejo de Desarrollo Económico departamental tiene la finalidad, además de impulsar estas “incubadoras” de empresas, de fijar líneas para el desarrollo estratégico, donde participen todos los sectores sociales involucrados.

Horacio Díaz, Director de Turismo de la Intendencia, destacó el alto impacto económico de esta actividad, que explica el 80% del PBI  en la región y  desde 2008 genera la Cuenta Satélite de Turismo, que permite relevar indicadores y datos  para generar políticas sustentables. Porque –agregó- el 50% de los hoteles y el 60% de los establecimientos gastronómicos cierran en marzo, mientras sigue la migración hacia el departamento; algunos trabajadores tienen Seguro y protección social, otros nada. Destacó la construcción de un Centro de Congresos y Convenciones y el proyecto de Ciudad Universitaria como importantes pasos para lograr el desarrollo en toda la región este.

Para el representante de la Cámara Empresarial, son viables las mpymes y se demuestra por el crecimiento en el departamento; habria que debatir las vías para el desarrollo. ¿Cómo lograr la protección social?, respondió a las preguntas planteadas en el panel: Las herramientas están,  hay que lograr que lleguen y las conozcan los destinatarios. Hay problemas institucionales, de representación y hay “una cultura de la informalidad”. Es necesaria una “tarea docente” para convencer a la gente de las ventajas de la formalidad.

Destacó la colaboración que se está dando público-privado, público-público y privado-privado, que se demuestra también en esta reunión, esto va a dar frutos a largo plazo, dijo

El representante de los comerciantes reclamó difundir más los beneficios, orientación “para que la gente entienda qué necesita para ser un empresario”. A la vez que  dijo estar “muy contentos” con las nuevas medidas que permiten pasar hasta 5 empleados en las microempresas y que el empleador no pierda la cobertura, criticó a los organismos (BPS, DGI) que “vienen a cazar en el zoológico”, es decir no controlan a los  sectores informales.

Los textos completos de las exposiciones estarán próximamente en nuestra Página